La medida regirá por 45 días y restringe las libertades de reunión y expresión.
Se detendrá a toda persona que esté en la calle durante el toque de queda.
El gobierno de facto de Honduras decidió suspender por 45 días las garantías constitucionales, mediante un decreto ejecutivo que restringe las libertades de circulación y expresión, y prohíbe las reuniones públicas, entre otras medidas.
En este, se ordena "detener a toda persona que sea encontrada fuera del horario de circulación establecido (por el toque de queda) o que de alguna manera se presuma como sospechoso por las autoridades policiales y militares de causar daños a las personas o sus bienes".
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| El régimen de Micheletti endurece su actitud frente a la población hondureña y la comunidad internacional. (Foto: EFE) |
El texto también prohíbe "toda reunión pública no autorizada por las autoridades policiales o militares", y establece que las Fuerzas Armadas apoyarán, conjunta o separadamente, a la Policía Nacional, "debiendo poner en ejecución los planes necesarios para mantener el orden y la seguridad pública".
En relación a los medios de comunicación, prohíbe "emitir publicación por cualquier medio hablado, escrito o televisado, que ofenda a la dignidad humana, a los funcionarios públicos o atenten contra la ley, la resoluciones gubernamentales o de cualquier modo atenten contra la paz y el orden público".
"La Comisión Nacional de Telecomunicaciones, a través de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, queda autorizada para suspender cualquier radioemisora, canal de televisión o sistemas de cable que no ajusten su programación a las presentes disposiciones", agrega el decreto, que acusa a algunos medios de estar "utilizando sus frecuencias autorizadas para generar odios y violencia contra el Estado, perturbando la tranquilidad nacional, llamando a la insurrección popular y dañando sicológicamente a su auditorio".
Insulza condenó expulsión de funcionarios de la OEA
El secretario general de la Organización de Estados Americanos, José Miguel Insulza, condenó la decisión del gobierno de facto de expulsar a cuatro altos funcionarios que habían acudido para preparar una misión posterior.
"Lamentamos esta decisión y la consideramos incomprensible, puesto que el propio gobierno de facto de Honduras había aceptado tanto la próxima visita de la misión de cancilleres como de la comitiva de la OEA que tenía por objetivo efectuar los preparativos de la misma", dijo Insulza, quien señaló que acciones "como la adoptada dificultan seriamente los esfuerzos por promover la tranquilidad social" en ese país.
Cinco miembros de la OEA fueron "detenidos" seis horas a su llegada al aeropuerto de Tegucigalpa y cuatro de ellos fueron expulsados, declaró el único miembro del equipo que permaneció en Honduras, el chileno John Biehl, a quien "se le permitió quedarse por una circunstancia muy particular", que es la de ser "cercano colaborador de la mediación en Costa Rica", explicó el canciller del gobierno de facto, Carlos López.
