Delegados se reunieron con las autoridades rumanas en Budapest.
La Eurocámara pidió detener la cuestionada iniciativa de Sarkozy.
Francia invocó este jueves el respeto a la legislación europea para mantener su política de expulsión de gitanos y argumentó que la petición de la Eurocámara para que suspenda esa medida contradice las leyes comunitarias.
Así lo aseguró desde Bucarest el secretario de Estado francés para Asuntos Europeos, Pierre Lellouche, quien insistió en que la exigencia del Parlamento Europeo a París resta seriedad a dicha instancia.
"No es concebible no aplicar las leyes comunitaria y francesa en territorio francés", indicó por su parte el ministro francés de Inmigración, Eric Besson, tras un encuentro con las autoridades rumanas para tratar este asunto.
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| La determinación del Gobierno francés provocó diversas manifestaciones en distintos puntos de Europa. (Foto: EFE) |
De esta forma, los dos responsables galos insistieron en rechazar la petición aprobada este jueves por el Parlamento Europeo para que París detenga las expulsiones de ciudadanos rumanos y búlgaros de etnia gitana, iniciativa que generó multitudinarias manifestaciones en distintos puntos del Viejo Continente.
Expulsiones "caso a caso"
El ministro Besson explicó que su Gobierno no está aplicando criterios étnicos en su política de repatriaciones y aseguró que todas las expulsiones son tratadas "caso a caso".
"Lo único colectivo son los vuelos", declaró en rueda de prensa en la capital rumana, y explicó que rumanos y búlgaros son sólo un tercio de los cerca de 30 mil inmigrantes, comunitarios y no comunitarios, que Francia expulsa cada año por incumplir la ley.
En ese sentido, recalcó que las personas expulsadas se encontraban en situación ilegal en el país galo al estar ocupando espacios públicos, en relación a los campamentos en Francia en los que estaban instalados los repatriados.
Besson explicó que cada deportación es voluntaria y está decidida y supervisada por un tribunal. La "deportación voluntaria", contó el secretario de Estado, comporta que los repatriados reciban una ayuda económica y tiene como alternativa la "deportación forzada" sin dichos beneficios.
