Guido Girardi (PPD) y Gabriel Silber (DC) subrayaron la gravedad de este tipo de ilícitos.
Las sanciones penales son "la pata coja" de la legislación a favor de la libre competencia, dijeron.
El presidente del Senado, Guido Girardi (PPD), y el diputado DC Gabriel Silber anunciaron este miércoles la presentación, ante el Congreso durante el mes de marzo, de un proyecto de ley tendiente a establecer penas de cárcel efectiva para quienes sean declarados culpables de delitos de colusión, como ocurrió en la víspera en el caso de las farmacias Salcobrand y Cruz Verde.
En una conferencia de prensa en la Sede del Senado en Santiago, los legisladores dijeron valorar las millonarias multas que impuso el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia a ambas compañías, pero la consideraron "insuficiente", porque la gravedad de los hechos denunciados por la Fiscalía Nacional Económica ameritarían -a su juicio- condenas penales.
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| El "abuso" de las farmacias "no tiene perdón: es peor que La Polar", dijo Girardi. (Foto: UPI) |
"Es absolutamente inaceptable que, tratándose de medicamentos, exista colusión, exista aumento de precios, porque lo que están haciendo es impedir el acceso de las personas a la salud, a la defensa de sus vidas, de sus familias, de sus seres queridos", dijo el senador Girardi, que consideró lo obrado por las farmacias como "un abuso absolutamente inaceptable".
"Yo pienso que de todos los abusos, quien abusa de personas desvalidas, de personas pobres, quien abusa de los enfermos, no tiene perdón alguno", e indicó que, en este sentido, lo realizado por las farmacias "es peor que La Polar".
En la misma línea se manifestó el diputado Gabriel Silber, quien explicó que la presentación anunciada no cuestiona el actuar de la FNE, ya que "al imposible nadie está obligado" y "la actual ley solamente permite este tipo de multas".
En este sentido, "la pata coja del sistema de atentados contra la libre competencia, (sobre todo) cuando hablamos de delitos de esta gravedad, sigue siendo el que delitos de cuello y corbata, como este tipo de conductas, finalmente (se) purguen con pena de cárcel efectiva", indicó Silber.
Recalificación de delitos
En la conferencia los parlamentarios indicaron también que pedirán al Ministerio Público que "recaratule" las imputaciones contra los 17 ejecutivos de las farmacias y laboratorios médicos que fueron formalizados por la colusión efectuada entre diciembre de 2007 y marzo de 2008.
Los ejecutivos afrontan imputaciones por alteración fraudulenta de precios, delito que contempla penas que van de los 61 días a tres años de cárcel en grado de presidio menor, pero los legisladores buscan que sean perseguidos por el delito de asociación ilícita, que tiene penas de hasta 20 años de presidio efectivo.
Consultado sobre este tema, el abogado experto en derecho económico y académico de la Universidad Central, Esteban Elías Musalem, confirmó que "el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia no tiene facultades para, por ejemplo, condenar penalmente: esto es algo que le compete exclusivamente al Ministerio Pùblico correspondiente; ahí no interviene el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia".
El jurista indicó, sin embargo, que "el fallo del TDLC obviamente podría ser un antecedente interesante que podría tener a la vista el Ministerio Público" en el proceso penal; misma consideración que planteó ayer el abogado querellante de la causa Jorge Saavedra.
