El gobierno federal pretende ahorrar 80 mil millones euros hasta 2014.
Las medidas contemplan un recorte de hasta 15 mil puestos de trabajo en el sector público.
Miles de personas protestaron este sábado en las calles de Berlín y Stuttgart contra el plan de ajuste alemán del gobierno de Angela Merkel, el más drástico paquete de ahorro en Alemania desde el fin de la Segunda Guerra Mundial.
En Berlín, unas 20.000 personas marcharon por el centro de la capital, convocadas por partidos de la oposición parlamentaria, sindicatos y organizaciones cívicas, entre los que se mezcló un abultado grupo del llamado "bloque negro" o izquierda radical. En tanto, en Stuttgart, al sur del país, el número de manifestantes fue algo menor, unos 10.000, según cálculos policiales.
En ambos casos, las protestas se dirigieron contra los recortes sociales, punto dominante del plan de ajuste del gobierno de Merkel, que pretende ahorrar 80.000 millones de euros hasta 2014.
Los recortes afectarán a los desempleados crónicos o de larga duración, aunque también prevén medidas que afectarán a los bancos y grandes consorcios energéticos.
En declaraciones al dominical "Bild am Sonntag", Merkel defendió una vez el paquete, que calificó de "equilibrado y necesario".
"Además de los recortes necesarios en el ámbito social, se requerirá también la contribución del ámbito económico, funcionario y administración", apuntó la canciller.
El paquete fue presentado a principios de semana por Merkel y desde entonces cosechó críticas tanto de la oposición, que apuntan a que cargan el máximo peso sobre las clases sociales menos privilegiadas, como de expertos económicos, que consideran no resolverá el problema del alto endeudamiento.
El paquete incluye un recorte de hasta 15.000 puestos de trabajo en las administraciones públicas, así como la introducción de un impuesto a las transacciones financieras, a más tardar a partir de 2012, y de una tasa ecológica al transporte aéreo.
Sin embargo, las medidas más duras se remiten al gasto social y afectan a los parados de larga duración, que dejarán de recibir subsidios por maternidad o paternidad en los primeros años. Además, el estado dejará de pagar sus cotizaciones al seguro de jubilación.
