La autoridad gastó más de 220 mil dólares en la celebración, según denunciaron.
Dirigente peronista presentó una denuncia donde preguntó "¿Acaso festejaban la muerte de Nisman?".
El secretario de Inteligencia argentino, Óscar Parrilli, fue denunciado este martes por la supuesta celebración de una fiesta con gastos superiores a los 220.000 dólares (136 millones de pesos) en la sede de la Secretaría días después de la muerte del fiscal Alberto Nisman, informaron fuentes de la querella.
Según el dirigente peronista Juan Ricardo Mussa, el Servicio de Inteligencia, en su sede principal, gastó 1,95 millones de pesos (unos 220.000 dólares) "en una fiesta" el pasado 24 de enero.
Mussa calificó de "macabra" la celebración apenas una semana después de la muerte del fiscal Alberto Nisman, fallecido de un disparo en la sien el 18 de enero en circunstancias aún no aclaradas tras denunciar a la presidenta, Cristina Fernández, por supuesto encubrimiento a sospechosos iraníes de un atentado contra intereses judíos.
La propia Fernández sugirió que la muerte de Nisman formaba parte de una maniobra desestabilizadora de agentes desplazados de los servicios secretos, antes de poner al frente de la Inteligencia a Parrilli, uno de sus más estrechos colaboradores, y de anunciar la disolución de la Secretaria de Inteligencia y su sustitución por una Agencia Federal.
"De los pocos que saben que se hace en ese edificio, no entendían que festejaban, ¿acaso festejaban la muerte de Nisman? deberá evaluar si hay una situación delictiva vinculada a la apología del terrorismo", sostiene Mussa en la demanda presentada hoy.
Para el querellante, las acusaciones deberían investigarse dentro de la causa por la muerte del fiscal, que él considera "homicidio".
"Uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo con una obra teatral, pero que el organismo que está en la mira por la responsabilidad de la muerte del fiscal Alberto Nisman, no motiva el hecho una fiesta, es un delito", agrega el texto.
Según el dirigente peronista, las acciones de Parrilli constituyen un delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.
