Tribunal admitió que Estado argentino fue el "principal encubridor" de atentado a la AMIA
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Autor: Cooperativa.cl
Se rechazó un pedido para "tachar" dicho calificativo de un fallo previo.
Se rechazó un pedido para "tachar" dicho calificativo de un fallo previo.
Un tribunal argentino reconoció este viernes tácitamente que el Estado fue el "principal encubridor" del atentado contra una mutualista judía de Buenos Aires que en 1994 causó 85 muertos y más de 200 heridos, informaron fuentes judiciales.
La medida fue adoptada por la Cámara en lo Contencioso Administrativo, que rechazó un pedido formulado por el Estado para "tachar" en un reclamo judicial por una de las víctimas mortales del ataque terrorista la calificación de "principal encubridor de uno de los mayores crímenes de la historia argentina".
El fallo remite a un decreto suscrito en 2005 por el entonces presidente del país, Néstor Kirchner, que hace referencia a un acta firmada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la que el Estado argentino reconoció no sólo que no logró prevenir el atentado ni sancionar a sus autores sino que, además, hubo un "encubrimiento de hechos" por parte de los sucesivos gobiernos.
El tribunal de segunda instancia recordó que "el Estado Nacional, mediante el dictado del decreto 812/2005, reconoció su responsabilidad por incumplimiento de la función de prevención, por no haber adoptado medidas idóneas y eficaces para intentar evitar el atentado".
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| El atentado, ocurrido en 1994 contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), dejó 85 muertos. |
En el fallo, la Cámara reconoció la indemnización económica a favor de Laura Ginsberg y sus hijos por la muerte de José Enrique Ginsberg en el ataque terrorista que destruyó la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA).
Esta semana el juez que investiga el atentado, Rodolfo Canicoba Corral, amplió los embargos económicos contra ocho ex funcionarios iraníes a los que considera como presuntos autores de la voladura del edificio.
El magistrado aceptó un pedido del fiscal Alberto Nisman y dispuso un embargo preventivo por 540 millones de dólares para hacer frente a un eventual resarcimiento económico a los heridos por el ataque.
El de la mutualista fue el segundo de los ataques terroristas contra objetivos judíos cometidos en Argentina, donde en 1992 el estallido de una bomba frente a la embajada de Israel en Buenos Aires causó la muerte de 29 personas.
