La Corte Suprema designó a este magistrado para que estudie la orden que pesa sobre el ex presidente argentino, quien es investigado en su país, entre otras causas, por la venta ilegal de armas durante su Gobierno.
El juez Humberto Espejo fue nombrado este jueves por la Corte Suprema para estudiar la solicitud de extradición remitida por el gobierno argentino en contra del ex mandatario trasandino Carlos Menem, por la supuesta "omisión maliciosa" de dineros en una cuenta bancaria en la causa que se lleva en su contra por venta ilegal de armas a Croacia y Ecuador.
La petición, hecha por el juez Norberto Oyarbide, se suma a la del magistrado Jorge Urso, por irregularidades en la licitación pública de cárceles en su país durante su Gobierno, que está siendo analizada por el ministro Jaime Rodríguez Espoz desde el lunes 3 de mayo.
Una vez que Espejo tome conocimiento de la decisión del máximo tribunal y de los detalles de la petición argentina, podrá decidir junto a Rodríguez si uno de ellos acumula la causa, por tratarse del mismo requerido.
El pasado 26 de abril, Oyarbide dictó una orden de captura nacional e internacional contra Menem en una causa en la que investiga el "ocultamiento malicioso" al Fisco de una cuenta bancaria abierta en Suiza por quien gobernó Argentina de 1989 a 1999.
Oyarbide ordenó la detención de Menem al declararlo en rebeldía después que el ex mandatario faltara en reiteradas oportunidades a las citaciones para interrogarlo en torno al caso.
A fines de abril el Gobierno transandino envió el primer pedido de extradición del ex presidente, en este caso solicitado por el juez federal Jorge Urso, quien investiga a Menem por presuntas irregularidades en la construcción de dos cárceles a las afueras de Buenos Aires durante su mandato.
Carlos Menem, quien reside en Santiago junto con su esposa, la ex Miss Universo chilena Cecilia Bolocco, y el hijo de ambos, ha reiterado que se considera un perseguido político y que no regresará a su país hasta no contar con garantías de un debido proceso.
Desde un primer momento, el Gobierno de Chile indicó que daría curso a las peticiones de extradición y que no otorgaría asilo político al ex jefe de Estado argentino en caso que pidiera ese beneficio.
Argentina y Chile no tienen un convenio bilateral de extradición, pero se ajustan al Tratado de Montevideo de 1925 sobre cooperación en materia penal entre los Estados parte, que establece una serie de requisitos para acceder a las solicitudes de ese tipo. (EFE)
