En las paredes del predio, en Buenos Aires, están los nombres de miles de víctimas del terrorismo de Estado, y al lugar acudieron organizaciones de DD.HH.
Organizaciones de derechos humanos (DD.HH) de Argentina realizaron un recorrido por un predio de Buenos Aires en cuyas paredes están grabados los nombres de más de 8.700 víctimas del terrorismo de Estado, al conmemorarse el Día Internacional del Detenido Desaparecido.
En la manifestación por el denominado Parque de la Memoria, situado en la zona norte de esta capital, participaron integrantes de las Madres de Plaza de Mayo y de las Abuelas de Plaza de Mayo, entre otros organismos humanitarios.
"Vengo a tocar su nombre", dijo Tati Almeyda, de la línea fundadora de las Madres de Plaza de Mayo, al acercarse a la placa grabada con el nombre de su hijo desaparecido durante la última dictadura militar en Argentina (1976-1983).
"No faltan nombres, sobran...", sostuvo Marcelo Brodsky, hermano de una víctima de la denominada "guerra sucia", al aludir que la gran cantidad de nombres grabados en ladrillos de piedra es "suficiente para entender el significado del horror".
En el predio de 14 hectáreas están grabados los nombres de más de 8.700 víctimas del terrorismo de Estado desde 1969 hasta 1983.
El proyecto, impulsado por organismos de DD.HH, está a cargo de la Comisión Pro Monumento a las Víctimas del Terrorismo de Estado, integrada también por legisladores, profesionales y familiares de desaparecidos.
El Día Internacional del Detenido Desaparecido, que se conmemora el 30 de agosto en todo el continente, fue instituido por la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos (Fedefam).
La cantidad de nombres grabados se incrementará a medida de que se cumpla con la documentación que exige la justicia y de las investigaciones realizadas por el Equipo Argentino de Antropología Forense, el encargado de identificar los restos de desaparecidos que se han hallado en los últimos años.
Según cifras oficiales, 18.000 personas desaparecieron en Argentina entre 1976 y 1983, aunque las organizaciones de derechos humanos elevan la cifra a 30.000. (EFE)
