"Es responsabilidad del Estado generar condiciones para el ejercicio colectivo de la memoria ante las actuales y futuras generaciones", sentenció la ministra Nilda Garré.
El Gobierno de Argentina dispuso que se coloquen placas recordatorias en las unidades militares que funcionaron cárceles ilegales durante la última dictadura, confirmaron fuentes oficiales.
La resolución fue adoptada por el Ministerio de Defensa, y la primera placa será instalada el próximo 24 de marzo, cuando se cumplen 31 años del golpe de Estado que dio inicio al régimen militar trasandino.
"En este lugar funcionó un centro clandestino de detención durante la dictadura militar que asaltó los poderes del Estado el 24 de marzo de 1976 y se extendió hasta el 10 de diciembre de 1983. Nunca más golpe de Estado y terrorismo", será la inscripción que se colocará en todas las placas.
También se montarán tres pilares que llevarán la leyenda "Memoria, Verdad y Justicia", junto a las cuales se plantará un ginkgo, que es conocido como "el árbol de la vida".
En su resolución, la ministra de Defensa, Nilda Garré, afirmó que "es responsabilidad del Estado generar condiciones para el ejercicio colectivo de la memoria ante las actuales y futuras generaciones".
La primera placa será colocada en un acto organizado por la Casa Rosada para el 24 de este mes en una antigua cárcel ilegal conocida como "La Perla", que funcionó en una unidad militar de la central provincia de Córdoba.
Al día siguiente, en un regimiento de las afueras de Buenos Aires será instalado otro recordatorio de que allí hubo una maternidad clandestina donde detenidas embarazadas dieron a luz a niños que luego fueron entregados a familias afines a la dictadura.
Entre fines de este mes y comienzos de abril se pondrán placas en cuarteles de las ciudades de Paraná y Mar del Plata, para luego continuar con otros de los más de 80 centros clandestinos de detención que funcionaron en el país.
La administración de Néstor Kirchner, quien accedió al poder en mayo de 2003, ha dado un fuerte impulso a la reapertura de las investigaciones judiciales sobre las violaciones de los derechos humanos perpetradas por el último régimen militar.
Durante la dictadura desaparecieron 18.000 personas, según estadísticas oficiales, mientras que las organizaciones de derechos humanos elevan esa cifra a 30.000. (EFE)
