Las intimidaciones a magistrados se producen mientras la sociedad trasandina está impactada por la desaparición de un testigo que estaba dispuesto a declara contra un ex jefe policial durante la dictadura.
La incesante búsqueda de un albañil que desapareció hace once días después de testificar contra un represor de la última dictadura militar argentina se enturbió este jueves con nuevas amenazas a jueces y fiscales que investigan violaciones a los derechos humanos durante la denominada "guerra sucia".
Las intimidaciones están contenidas en cartas anónimas en las que se les advierte que "no cedan a las presiones de los que hoy buscan venganza" y que "ajusten sus actos a derecho", según coincidieron aquellos que las recibieron.
El primero en denunciar estas amenazas fue Carlos Rozanski, presidente del Tribunal Oral Federal 1 de la ciudad de La Plata, el mismo que el pasado día 19 condenó a prisión perpetua por "genocidio" al ex policía Miguel Etchecolatz.
Rozanski admitió este miércoles que la misiva estaba dirigida tanto a su persona como a los otros dos integrantes del tribunal que sentenció a Etchecolatz por seis casos de homicidio y dos de privación ilegal de la libertad y aplicación de tormentos durante la dictadura (1976-1983).
Este jueves, los fiscales federales Emilio Ferrer (de la provincia de Tucumán), Jorge Auat (Chaco), Horacio Salman (La Rioja) y Miguel Angel Ossorio y Eduardo Taiano, ambos de la capital del país, admitieron haber recibido cartas en el mismo tono amenazante.
También lo hicieron los jueces Alcindo Alvarez Canale, de la ciudad bonaerense de Bahía Blanca, y Reynaldo Rodríguez, de la provincia de Santa Fe.
El jefe del Gabinete argentino, Alberto Fernández, consideró "lamentables" estas amenazas y reiteró que desde el Estado se están haciendo "todos los esfuerzos" para hallar a Jorge Julio López, el albañil de 77 años que desapareció tras testificar contra Etchecolatz.
"En Argentina hemos comenzado a transitar la senda de la búsqueda de justicia y sería bueno que nadie amedrente e impida que la verdad se conozca", sostuvo Fernández.
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Felipe Solá, quien está al frente del operativo de búsqueda del septuagenario, dijo que no descarta "ni la mejor ni la peor de las hipótesis" en este caso, al aludir a que López, que padece de mal de Parkinson, esté perdido o que haya sido secuestrado.
Solá no ha descartado la posibilidad de que detrás de la desaparición del albañil "estén implicados policías" y por ello ordenó días atrás la jubilación anticipada de 60 efectivos de la fuerza de seguridad bonaerense que actuaron en centros clandestinos de detención montados por la dictadura.
En su habitual ronda de los jueves frente a la sede del Gobierno, la presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, pidió la aparición con vida de López, como lo hicieron este miércoles en una multitudinaria marcha agrupaciones humanitarias, políticas, sindicales y estudiantiles.
Bonafini, que posteriormente se reunió con el presidente argentino, Néstor Kirchner, dijo que "todavía hay bandas que están actuando, y no sólo de militares, sino también policiales, políticas y de las multinacionales".
"Creo que estos tipos nunca se fueron y que tienen mucho miedo de que los condenen, porque juicios ha habido, pero las condenas recién empiezan", aseveró.
Las autoridades han ofrecido una recompensa de unos 64.000 dólares a quien aporte datos sobre el paradero de Jorge Julio López, convertido a estas alturas en el hombre más buscado del país.
Para Guadalupe Godoy, abogada del albañil, Argentina está "frente a un caso de secuestro".
"Jorge estuvo desaparecido durante la dictadura y hoy vuelve a ser víctima de la misma policía. No podemos naturalizar que haya un desaparecido más", subrayó. (EFE)
