La Cámara en lo Criminal y Correccional Federal pidió que se indaguen los casos de secuestros y torturas.
Los textos comprenden una serie de reglamentos con supuesto contenido delictivo.
Un tribunal argentino ordenó investigar la existencia de manuales militares "contra la subversión" que fueron supuestamente empleados en operaciones represivas en el cono sur, informaron fuentes judiciales.
La Cámara en lo Criminal y Correccional Federal pidió que se profundice la investigación sobre una serie de reglamentaciones con supuesto contenido delictivo y en las que presuntamente se basó la Operación Cóndor.
El tribunal ordenó que se desarchive esta causa y se profundice la investigación sobre casos de secuestros y tortura de personas durante la última dictadura argentina (1976-1983), que supuestamente se concretaron de acuerdo con la metodología que surge de estos reglamentos.
Entre los manuales presentados por la Fiscalía se encuentra el denominado "Operaciones contra elementos subversivos" (1976), aunque también fueron mostrados otros elaborados durante el Gobierno de facto de Juan Carlos Onganía, como es el caso de "Operaciones contra la subversión urbana" (1969) e "Instrucción de lucha contra las guerrillas" (1969).
Los jueces Eduardo Freiler y Jorge Ballestero consideraron necesario dilucidar "las circunstancias en que los reglamentos de origen militar en cuestión fueron oportunamente dictados, tales como el procedimiento seguido para su creación, las personas que participaron de ese proceso y los documentos que sirvieron de base".
"El contexto socio-político imperante -no sólo en nuestro país, sino también en el resto de América- durante la época de la creación de los manuales en cuestión permite inferir la posibilidad de que fuerzas de seguridad de países extranjeros hayan colaborado con su elaboración", añadieron los magistrados.
En un reciente fallo, la Cámara Federal de Apelaciones determinó que la Operación Cóndor permitió a las dictaduras militares establecidas en Sudamérica en los años 70 y 80 "compartir información y cooperar para perseguir ilegalmente a opositores políticos", además de cometer delitos como "privación ilegal de la libertad, tortura y homicidio".
Según datos oficiales, unas 18.000 personas desaparecieron durante la dictadura argentina, aunque los organismos de derechos humanos elevan la cifra a 30.000.
