Camioneros bolivianos bloquearon este martes, por segundo día consecutivo, las principales carreteras en las regiones de Santa Cruz, Potosí, Tarija y Chuquisaca para reclamar al Gobierno una reforma tributaria.
En la sureña Tarija hay al menos cinco lugares bloqueados, incluida la localidad de Bermejo, cercana a la frontera con Argentina, mientras que en la próspera Santa Cruz (este), los transportistas cerraron con promontorios de tierra y piedras la ruta hacia las regiones vecinas de Cochabamba y Beni, indicó a los medios la dirección nacional de Tránsito de la Policía
También hay bloqueos en la región andina de Potosí (suroeste), en la ciudad homónima y en otra ruta hacia Argentina en el pueblo de Villazón, y en el departamento de Chuquisaca (sureste).
Esta mañana hubo cortes de rutas en la ciudad de El Alto, vecina de La Paz, pero la Policía intervino y obligó a los transportistas a replegarse.
Un dirigente de la Federación de Cooperativas de Transporte de Santa Cruz, Mario Jaldín, anunció que la próxima semana tendrán una reunión en la que se analizarán medidas más radicales, entre ellas un bloqueo al aeropuerto internacional de Viru Viru, el más importante de Bolivia, según el diario El Deber.
Los camioneros piden nuevas reglas tributarias que les permitan descargar el pago de tributos con facturas de consumo de todo tipo y no solo las que se refieren a su actividad, como actualmente sucede.
Desde el 26 de marzo, las empresas de transporte internacional, que actualmente se ven perjudicadas por los bloqueos, han tenido una serie de reuniones con autoridades del Ministerio de Economía.
Ese sector tendrá un nuevo encuentro este viernes con el Gobierno, por lo que su dirigente, Gustavo Rivadeneira, pidió a los camioneros de carga nacional que levanten sus medidas de presión y aguarden a los resultados del encuentro.
"La reunión del viernes va a ser crucial porque ellos van a tener la posibilidades solucionar el problema en función de las respuestas que tengamos", dijo Rivadeneira a los medios.
Agregó que si los resultados del encuentro no son favorables, ellos podrían sumarse a las protestas actuales.
Las autoridades han señalado varias veces que no se puede aceptar la demanda de una reforma tributaria porque implicaría una pérdida para el Estado de unos 71 millones de dólares anuales.
