Los manifestantes, que fijaron la movilización para el miércoles 20, acusan a la región más rica de Bolivia de querer desestabilizar la Asamblea Constituyente con sus afanes autonómicos.
Organizaciones indígenas y campesinas del departamento boliviano de Santa Cruz anunciaron que a partir del próximo 20 de septiembre realizarán un bloqueo a la capital de ese distrito, informaron sus dirigentes.
El cerco a Santa Cruz de la Sierra, la ciudad más importante del país, fue acordado por el Bloque Oriente, que agrupa a centrales indígenas y campesinas, en represalia al paro de cuatro departamentos que el viernes pasado reclamó al Gobierno respeto a la ley de convocatoria a la Asamblea Constituyente.
La huelga de Santa Cruz, Tarija, Pando y Beni, regiones que suman dos terceras partes del territorio país, fue convocada por los líderes cívicos, empresariales y políticos, junto con los prefectos (gobernadores) de esos distritos, todos de partidos opositores a Evo Morales.
Según el secretario de la Organización de la Central de Pueblos Etnicos de Santa Cruz (Cpesc), Ramiro Galindo, el paro fue impuesto por "grupos de poder" de esas regiones, sin respetar el derecho de los demás.
"Porque tienen dinero quieren imponer sus posiciones, queriendo desestabilizar la Asamblea Constituyente (y) los pueblos indígenas no vamos a renunciar a una conquista que vamos a defender a toda costa", señaló.
Por eso, "hemos adoptado la decisión de bloquear todos los accesos" a la urbe cruceña, símbolo del progreso económico de esa región, indicó Galindo.
En el Bloque Oriente participan los pueblos indígenas ayoreos, chiquitanos, yuracarés, guarayos y algunas poblaciones guaraníes, así como sindicatos de campesinos, colonizadores y cultivadores de algodón, y algunas organizaciones populares de la misma urbe cruceña.
La protesta indígena-campesina se iniciará dos días antes de la Feria Internacional Santa Cruz, que se inaugurará el 22 de septiembre y que es la más importante exposición y centro de negocios de Bolivia.
La Asamblea Constituyente boliviana, elegida el 2 de julio e instalada el 6 de agosto pasado, está trabada por la discrepancia entre el oficialismo y la oposición a la forma de voto que debe aplicarse para aprobar sus determinaciones.
El foro, integrado por 255 asambleístas de 16 fuerzas políticas diferentes, debe aprobar un nuevo texto constitucional en un mínimo de seis meses y un máximo de un año. (EFE)
