El presidente boliviano resolverá si acepta o rechaza la salida de cuatro de sus ministros y contestará las peticiones que desde el 10 de enero mantienen en crisis al país altiplánico.
El presidente de Bolivia, Carlos Mesa, afronta este viernes una jornada en la que debe dar respuesta a la censura en el Congreso de cuatro ministros que deben presentar su dimisión, y a la radicalización de las protestas contra su gestión en la región tropical de Santa Cruz.
Ambos asuntos tienen su origen en un polémico incremento del precio de los combustibles, decretado por el mandatario el 30 de diciembre de 2004, pero también en los planes desestabilizadores de grupos empresariales y partidos políticos, según algunos analistas.
El rechazo a este plan económico comenzó el lunes 10 de enero con un paro general de 48 horas y una huelga de hambre en el departamento de Santa Cruz, en el este boliviano.
El ayuno voluntario se extendió a un centenar de personas el lunes pasado, mientras que en los días posteriores de la semana se llevó a cabo la ocupación, el cerco de varios edificios públicos y el cierre del acceso al aeropuerto internacional de Santa Cruz.
En el occidente del país, campesinos cocaleros de la zona de Yungas bloquean desde hace cinco días la carretera que une La Paz con el norte amazónico boliviano, por la misma razón y por demandas sectoriales.
Para contrarrestar el recrudecimiento de las medidas de presión, el presidente Mesa anunció el miércoles 19 de enero la rebaja del aumento del diesel del 23 al 15 por ciento, por ser el combustible más usado en la agricultura y el transporte pesado, de los que depende en gran medida la economía de Santa Cruz.
Sin embargo, el comité cívico cruceño, impulsor de las protestas, radicalizó las medidas el jueves 13 con una multitudinaria marcha que derivó en incidentes menores y un intento de entrar por la fuerza al edificio que alberga la Prefectura (gobernación) cruceña.
Además, pararon sus actividades los controladores aéreos del aeropuerto internacional de Santa Cruz, lo que, sin embargo, no evitó el tráfico de aeronaves.
Mientras tanto, en la ciudad de La Paz, sede de los poderes Ejecutivo y Legislativo, el escenario de los ataques contra el gobernante fueron los salones del Congreso.
En el Parlamento, los legisladores acordaron la censura de los ministros de Presidencia, Desarrollo Económico, Hacienda y Minería e Hidrocarburos, quienes deben presentar su renuncia al mandatario, que puede aceptarla o rechazarla.
Esta será una de las cuestiones que tendrá que resolver este viernes Mesa, junto con la crisis en Santa Cruz, para cuya solución contará con el apoyo del Defensor del Pueblo, Waldo Albarracín, con quien se reunió el jueves en el Palacio de Gobierno.
Tras la cita, Albarracín cursó invitaciones al diálogo al Comité Cívico de Santa Cruz y a los productores de coca de la zona de los Yungas de La Paz.
Albarracín remarcó la legitimidad de las demandas de los sectores en conflicto y las buenas intenciones del Gobierno y pidió no caer en "la tentación de la violencia" y "el derramamiento de sangre".
Respecto a la situación que vive el país, el analista cruceño Carlos Valverde manifestó que los partidos políticos tradicionales y los grupos empresariales de Santa Cruz, región que en los últimos años se ha erigido en el motor de la economía nacional, comandan una conspiración para que Mesa renuncie y anticipe elecciones generales.
"Mesa no tiene ni poder ni gobierno", recordó Valverde a los periodistas, en alusión al origen independiente del mandatario, que llegó a la Presidencia tras una crisis social en 2003, reflejo del repudio popular a la elite que gobernó al país desde la restitución de la democracia en 1982.
La especialista Ximena Acosta afirmó que "lo que se está jugando acá, más allá de la subida de los carburantes, es un intento de cambiar el eje de poder del país", de La Paz a Santa Cruz, como ocurrió a fines del siglo XIX, cuando la sede de Gobierno pasó de Sucre a La Paz. (EFE)
