El presidente del Senado explicó que el tratamiento inmediato del proyecto del presidente Mesa pretende evitar dejar "en ascuas al país por varios días o semanas".
El Congreso de Bolivia decidirá este jueves, por segunda vez en diez días, la suerte del presidente Carlos Mesa y, por ende, del país, al debatir la propuesta del mandatario de adelantar las elecciones generales a agosto próximo.
La iniciativa lanzada el martes por el gobernante se debatirá en una reunión del plenario del Legislativo en la que los representantes de las cámaras de Senadores y de Diputados tenían previsto discutir la ampliación del período ordinario de sesiones.
El presidente de la Cámara Alta, Hormando Vaca Díez, explicó el miércoles que el tratamiento inmediato del proyecto pretende evitar
dejar "en ascuas al país por varios días o semanas".
Pese a la mala relación entre los dos poderes, Vaca Díez mostró su deseo de que Mesa permanezca en el puesto hasta 2007, cuando se cumple su período constitucional, y aseguró que el Legislativo "reafirma su voluntad de construir juntos (con el Ejecutivo) una agenda de país e ir a un diálogo nacional amplio".
El senador es el primero en la línea de sucesión constitucional, por delante del presidente de la Cámara de Diputados, Mario Cossío, pero ninguno de ellos está teóricamente en condiciones de asumir el poder debido al desprestigio de los partidos a los que pertenecen.
El Movimiento de la Izquierda Revolucionaria (MIR), de Vaca Díez, y el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), de Cossío, se identifican con la elite que ha gobernado Bolivia en los 23 años de democracia moderna.
Este sector fue puesto recientemente en entredicho con la caída de Gonzalo Sánchez de Lozada (2002-2003) tras una grave ola de protestas.
Cossío manifestó que la sesión parlamentaria de este jueves "no se reduce a la operación burocrática de aceptar o rechazar" el planteamiento de Mesa, sino que plantea "un tema no solamente jurídico, sino un tema político de fondo".
Ni Vaca Díez ni Cossío se refirieron a la supuesta inconstitucionalidad de la propuesta del jefe de Estado, que ya renunció el 7 de marzo a su cargo, algo que el Congreso no aceptó.
Mesa plantea ahora un proyecto de ley interpretativa del artículo 93 de la Carta Magna boliviana, que señala que la elección adelantada de presidente, vicepresidente y legisladores sólo procede por "impedimento o ausencia temporal" del mandatario.
Según el texto legal de la citada relación sucesoria, el tercer y último recambio, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, es el único con derecho a convocar elecciones "si aún no hubieran transcurrido tres años del periodo presidencial", como sucede ahora.
Los congresistas deben considerar que el actual periodo de gobierno se inició en agosto de 2002 y no han transcurrido tres años, pero Mesa no está impedido y no ha dimitido, por lo que la situación es controvertida.
Según dijo Mesa el martes, la iniciativa "intenta buscar una salida que evite violencia, destrucción, este suicidio colectivo inaceptable para un país que está apostando todos los días por la construcción de una sociedad mejor y más justa".
No obstante, la advertencia no ha sido bien acogida por los partidos, algunos de los cuales, como el Movimiento Al Socialismo (MAS), han revelado que rechazarán la convocatoria de elecciones.
Evo Morales, líder del MAS y de los cocaleros, ha calificado de "chantaje" la postura del mandatario, a quien exige que se mantenga en el poder para cumplir con los compromisos adquiridos cuando asumió la Presidencia, el 17 de octubre de 2003, como la instalación de una Asamblea Constituyente para refundar la nación.
Esta figura la ha resuelto Mesa al proponer que los congresistas escogidos en las eventuales elecciones ejerzan de constituyentes, mecanismo descartado por las organizaciones sindicales, sociales e indígenas.
Estos sectores prefieren una forma de elección más directa y proporcional a su preponderancia en el país, donde el 73 por ciento de la población es pobre y el 62 por ciento se declara indígena. (EFE)
