Durante varias horas, miles de personas colapsaron el centro de la capital administrativa del país para exigir la nacionalización de los hidrocarburos y la convocatoria a una Asamblea Constituyente.
El Gobierno de Bolivia condenó las acciones violentas registradas en las protestas en La Paz y se mantuvo firme en su decisión de no responder a las provocaciones de los manifestantes para evitar "una espiral de violencia".
Durante varias horas, miles de personas colapsaron el centro de la capital administrativa del país en la cota más alta de las protestas iniciadas hace tres semanas para exigir la nacionalización de los hidrocarburos y la convocatoria a una Asamblea Constituyente, asuntos que debe discutir el Congreso en las próximas horas.
La marea humana rodeó la plaza donde se encuentra el Palacio de Gobierno y el Parlamento y algunos radicales lanzaron petardos, piedras y cargas de dinamita en su afán de romper el cerco policial.
La policía respondió a la acción de los sectores violentos, los menos numerosos en la marcha, con gases lacrimógenos, sin que se informara de heridos en los enfrentamientos.
El ministro de Gobierno (Interior), Saúl Lara, informó de que algunos sectores "incrustados" en las marchas generaron "violencia incertidumbre y zozobra", como los estudiantes de la Universidad Pública de la vecina ciudad de El Alto y los maestros rurales.
Explicó que durante la jornada se vivieron agresiones a transeúntes, destrozos en el mobiliario urbano y en vehículos y el intento de clausurar por la fuerza comercios y otros establecimientos públicos y privados.
"A estas horas el grueso de esta movilización prácticamente se ha desmovilizado", aclaró, al tiempo de señalar que en líneas generales la manifestación fue "pacífica".
"Como gobierno nacional condenamos estos hechos", declaró, y destacó la muestra de profesionalismo de la Policía al evitar las provocaciones, una consigna del Gobierno del presidente Carlos Mesa, recordó.
Consultado por los periodistas sobre la posibilidad de que el Ejecutivo decrete el estado de sitio, descartó esa opción, porque -dijo- "la situación no está fuera de control".
El delegado presidencial de Asuntos Parlamentarios, Jorge Cortés, manifestó que gobernar es "asumir una responsabilidad que implica tolerancia, profesionalismo y capacidad para no enfrentar la violencia".
En relación a que se haya detenido sólo a una persona durante las horas de asedio a la plaza Murillo, afirmó que "gobernar no es echar más gasolina a la fogata" y advirtió de que "lo peor" que puede ocurrir es "responder a la violencia con violencia y generar una espiral que puede ser mucho mayor". (EFE)
