La Paz formalizó una acusación judicial contra los dos políticos, a quienes vincula a los dos ex tenientes coroneles que pidieron la renuncia del presidente Carlos Mesa.
El Gobierno boliviano acusó ante la Justicia a un sindicalista y a un concejal de formar parte de un plan de sedición organizado por dos militares que pidieron la renuncia del presidente Carlos Mesa, informaron fuente oficiales.
Un portavoz del Ministerio de Gobierno (Interior) confirmó que el Ejecutivo presentó el viernes 27 de mayo una denuncia formal ante la Fiscalía de La Paz contra los tenientes coroneles Julio Herrera Pedraza y Julio César Galindo Mendizábal, así como contra el sindicalista Jaime Solares y el concejal de la ciudad de El Alto Roberto de la Cruz, por varios delitos, entre ellos, el de sedición.
Los dos militares, quienes fueron dados de baja, pidieron, la semana pasada y a través de medios de comunicación, la renuncia de Mesa por su supuesta incapacidad para gobernar y convocaron a formar un gobierno de corte cívico-militar.
Solares, dirigente de la Central Obrera Boliviana (COB), también pidió en los últimos días la renuncia de Mesa y dijo ser partidario de que un militar de izquierda asuma el gobierno.
Por su parte, De la Cruz participó en manifestaciones que pedían la ocupación del Congreso, aunque se pronunció públicamente contra los intentos de golpe de Estado.
La denuncia presentada por el ministro de Gobierno, Saúl Lara, señala que los dos militares, en nombre de una organización denominada "Movimiento Generacional", "se están alzando públicamente en abierta hostilidad para deponer al presidente de la República, su gabinete ministerial y piden el cierre del Congreso".
Según la acción judicial, "este plan delictivo" también ha estado presente en las ultimas movilizaciones vividas en La Paz y "ha sido manifestado por dirigentes sindicales como Jaime Solares y Roberto de la Cruz pidiendo la renuncia del Presidente de la República y el cierre del Congreso Nacional, así como la intención de conformar un gobierno cívico-militar".
A juicio del Gobierno, los intentos de las organizaciones sindicales de ocupar por la fuerza las sedes del Ejecutivo y del Legislativo "ponen en riesgo la vida del presidente de la República, ministros, parlamentarios" y los bienes del patrimonio nacional.
La denuncia contra los dos militares, el dirigente de la COB y el concejal de El Alto también cita los delitos de conspiración, seducción de tropas, atentado contra el presidente y otros dignatarios de Estado, instigación pública a delinquir, asociación delictiva y terrorismo.
Lara pidió a la Fiscalía ordenar la detención de todos los acusados para iniciar la investigación sobre el supuesto plan sedicioso. El viernes 27, agentes de la policía fracasaron en un intento de capturar a los dos militares cuando pretendían dar una conferencia de prensa en La Paz.
Las ciudades de La Paz y El Alto viven desde hace una semana casi a diario movilizaciones sociales que demandan la convocatoria a una asamblea constituyente y la nacionalización del gas y el petróleo. (EFE)
