Las manifestaciones en el país altiplánico continúan después de tres días de crisis y pese a que el Gobierno accedió a cancelar el contrato con la sanitaria francesa de El Alto.
El presidente de Bolivia, Carlos Mesa, consiguió el levantamiento de la protesta en la ciudad andina de El Alto a costa de la supresión del contrato con la multinacional francesa Suez Lyonnaise des Eaux, pero aún enfrenta las movilizaciones del departamento oriental de Santa Cruz contra el alza del combustible.
Luego de tres días de suspensión de actividades y el cierre de caminos, el Gobierno superó el paro citado por la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) de El Alto mediante un decreto que inicia el proceso para que la empresa Aguas del Illimani, filial de la transnacional francesa, deje la gestión de los servicios de agua y alcantarillado en esa ciudad y en La Paz.
La suspensión de la huelga se gestó la noche del miércoles 12 de enero cuando los dirigentes del movimiento iniciaron consultas con sus vecinos para analizar el decreto del presidente Mesa y las calles quedaron libres de los bloqueos instalados desde el lunes 10.
La aceptación de los alteños a la decisión gubernamental se reflejó este jueves en una manifestación de miles de personas que se trasladó hacia La Paz, donde recordaron que queda una docena de otras peticiones que esperan discutir con las autoridades en los próximos días.
Una demanda pendiente es la anulación del aumento de los precios de los carburantes, asunto que la Fejuve cree que traerá como consecuencia el alza de los pasajes del transporte público y de los alimentos.
En la multitudinaria marcha, los manifestantes volvieron a apuntar sus dardos contra los partidos políticos y amenazaron con cerrar el Poder Legislativo si los parlamentarios no escuchan a la población.
"Están con el pueblo o los sacamos a patadas" y "Que se cierre el Parlamento, carajo", fueron los eslóganes más gritados por los varios miles de alteños en La Paz, donde se hizo el anuncio oficial de la finalización del conflicto.
El éxito de la movilización de El Alto es el segundo logrado desde octubre de 2003, cuando después de casi un mes de manifestaciones se consiguió la dimisión del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada.
Las protestas de entonces apuntaban a un proyecto gubernamental de venta de gas natural a Estados Unidos a través de puertos chilenos.
Como hace 15 meses, el compromiso de rescindir el contrato con una empresa de capitales extranjeros puso en duda la seguridad jurídica en el país, reclamada por las patronales para asegurar la llegada de recursos para diversos proyectos locales.
Esa inseguridad es una de las razones de las protestas en el oriental departamento de Santa Cruz, que el martes y miércoles pasados efectuó un paro también contra el alza de los combustibles y denunció una supuesta incapacidad de Mesa para gobernar.
El líder del Comité Cívico cruceño, Rubén Costas, al concluir el paro de El Alto el miércoles 12, resumió que la protesta tuvo "una sola causa: la falta de gobierno (y) las malas decisiones" de las autoridades para atender las necesidades del país.
El dirigente reclamó a Mesa aprobar de una vez las autonomías regionales, en las que cada distrito administre sus propios recursos, aunque aclaró que "la familia boliviana no quiere que la dividan".
Costa, que en las próximas horas dirigirá una asamblea regional para aprobar nuevas protestas, alertó que si siguen "excluyendo" a los cruceños, estos tendrán que tomar sus "propias decisiones".
A su vez, la directiva de la Fejuve local ingresó este jueves en huelga de hambre para exigir que se anule el incremento de los pasajes del transporte público, a la vez que exhortó a sus vecinos a no pagar los nuevos precios fijados por los sindicatos de conductores para compensar el mayor costo de la gasolina. (EFE)
