Carlos Mesa, que se encuentra enfrentado al congreso por la ley de hidrocarburos, aclaró que su "único interés es la aprobación de una ley en favor" del país.
El presidente de Bolivia, Carlos Mesa, aseguró este miércoles que no defiende el interés de las petroleras, sino del pueblo de Bolivia, días después de plantear su salida del gobierno porque el Congreso iba a aprobar una reforma radical del sector energético.
En un mensaje a la nación durante los actos de conmemoración del 126 aniversario de la pérdida del litoral marítimo a manos de Chile, el gobernante salió al paso de las críticas recibidas por los sectores sociales y sindicales, y parte de la opinión pública boliviana.
Al final de una patriótica alocución con duras acusaciones al gobierno chileno, aclaró que "ni defiende ni defenderá los intereses de las empresas petroleras que tienen inversiones en el país", ya que su "único interés es la aprobación de una ley en favor" de Bolivia.
"El que haya hablado de racionalidad, de la necesidad de una ley viable, no me exime un solo milímetro de que sólo debo pensar en el interés de Bolivia, en los ingresos de Bolivia, en aquellos elementos que hagan que Bolivia sea una opción más próspera y mejor", añadió.
En julio de 2004, Mesa llevó a cabo un referendo para imponer el aumento de los impuestos a las multinacionales petroleras y de la presencia estatal en el sector energético, en cumplimiento de las exigencias del pueblo, que en octubre de 2003 obligó a renunciar a su antecesor, Gonzalo Sánchez de Lozada.
Con el contenido de la consulta popular, el Ejecutivo elaboró un proyecto de Ley de Hidrocarburos y lo envió al Congreso, donde ha sido rechazado por su supuesta moderación.
Mesa propone mantener la regalía del 18 por ciento actual y crear un tributo del 32 por ciento con el fin de alcanzar el 50 por ciento de beneficios para el Estado sugerido en el referendo.
Esta opción ha sido definida por el mandatario como una "nacionalización responsable" que evitará que las firmas afectadas acudan al arbitraje internacional y que se ahuyente la inversión extranjera.
Sin embargo, la Cámara de Diputados, presionada por el Movimiento Al Socialismo del líder cocalero Evo Morales en el hemiciclo y en las calles, ha aprobado la misma relación de tributos pero con la condición de que el nuevo impuesto no sea deducible ni acreditable por las empresas.
La hispano-argentina Repsol YPF, una de las mayores petroleras del país, ha considerado que esa forma de tributación es una forma de encubrir una regalía, un pago fijo sobre la producción impuesto en el contrato a cambio de la explotación de recursos naturales.
Repsol YPF ha asegurado que la normativa, que deberá ser sancionada ahora en el Senado y promulgada después por Mesa, debilita al país "ante posibles acciones legales" y obligará a la empresa "a abandonar" los campos que dejen de ser rentables.
Ante este panorama, el pasado día 7 de marzo Mesa puso su cargo a disposición del Congreso, que lo ratificó, y una semana después sugirió adelantar elecciones generales, posibilidad también rehusada por el Legislativo. (EFE)
