Los manifestantes dieron a La Paz plazo hasta el lunes para anular la subida de los precios del combustible. De lo contrario, miembros de organizaciones ciudadanas seguirán en huelga de hambre.
El Gobierno de Bolivia restableció el diálogo con los sectores que reclaman contra el alza de los precios de los carburantes, pero continúa amenazado por nuevas protestas que le exigen anular esa medida en un plazo perentorio.
Un día después de concluida la huelga de los vecinos de la ciudad andina de El Alto, el presidente Carlos Mesa dedicó este viernes sus esfuerzos a lidiar con el Comité Pro Santa Cruz, la organización de mayor convocatoria de ese departamento del oriente del país.
La Asamblea de la Cruceñidad, celebrada la noche del jueves 13 de enero, advirtió al Gobierno que si no anula el incremento del costo de los combustibles de aquí al lunes próximo, sus líderes se sumarán a una huelga de hambre.
El ayuno fue iniciado el jueves 13 de enero pasado por dirigentes de la Federación de Juntas Vecinales de Santa Cruz, que además censuran el aumento de los pasajes autorizado por las autoridades al sindicato de transportistas de la ciudad.
Además, la asamblea instruyó efectuar marchas de protestas en la ciudad.
Los participantes, entre ellos sindicalistas y empresarios, ignoraron la oferta del Ejecutivo de entablar conversaciones para discutir la demanda de la región, que se opone especialmente al aumento del precio del gasóleo, de un 23 por ciento, en vigor desde el 31 de diciembre pasado.
En cambio, el debate volvió a incluir el planteamiento regional de aprobar un régimen de autonomías, como mejor mecanismo para acelerar los planes de desarrollo de los nueve departamentos del país.
Horas antes de la reunión, el ministro de la Presidencia, José Antonio Galindo, se entrevistó en Santa Cruz con los líderes cruceños para escuchar sus peticiones y ofrecer una ronda de conversaciones.
Junto a tres de sus colegas, Galindo declaró que el Ejecutivo no revertirá su decisión de aumentar los precios de los energéticos pero está dispuesto a escuchar la posición de los sectores afectados por la medida.
El Comité Cívico del Departamento de Potosí también se sumó a la demanda de bajar los precios de los combustibles y mantiene la ocupación de las oficinas de la Prefectura (gobernación) del distrito.
Las protestas también se escucharon en las dos organizaciones campesinas que, junto a sus respectivos aliados indígenas y colonos, sellaron sendas alianzas para amenazar con el bloqueo de carreteras desde el lunes 17 de enero si el Gobierno no rebaja los carburantes. (EFE)
