Dirigentes sindicales exigieron mayor atención del Gobierno de La Paz a sus demandas y pidieron la derogación de las leyes que introdujeron lo que califican como "las reformas neoliberales" en el país.
La Central Obrera Boliviana (COB) y la Confederación Sindical Unica de Trabajadores Campesinos (CSUTCB) ratificaron este domingo su decisión de liderar una huelga general y un bloqueo de carreteras para el 3 de mayo en demanda de un conjunto de reformas estructurales en el país.
El máximo líder de la COB, Jaime Solares, dijo que la lucha que iniciarán en el Día del Trabajador busca la derogación, entre otras, de las leyes de hidrocarburos y de pensiones y del decreto 21.060 que introdujo reformas liberales en la economía del país en 1985.
El anuncio se produjo un día después de que el Gobierno firmó acuerdos para solucionar tres conflictos sociales y el presidente Carlos Mesa pidiera el fin de las amenazas para darle paz al país.
Los convenios con los universitarios, un grupo de ex mineros y los campesinos del Movimiento Sin Tierra hicieron bajar la tensión social vivida la anterior semana en La Paz.
Con 10 universidades el Gobierno se comprometió a negociar por separado un presupuesto para garantizar su funcionamiento, a los "Sin Tierra" les prometió avanzar en la distribución de propiedades, mientras que los ex mineros que no pueden jubilarse aceptaron una renta mensual de 60 dólares.
Sin embargo, el líder de la COB opinó que esos acuerdos "fueron sólo soluciones sectoriales" cuando lo que se necesitan son cambios estructurales en "el modelo económico neoliberal que ha empobrecido el país".
El líder de la COB confía en que el 1 de mayo una masiva marcha en La Paz será el anticipo de la huelga general convocada para el lunes 3 de mayo, día en que los campesinos afiliados a la CSUTCB comenzarán un bloqueo de rutas en el país.
En tanto, el secretario ejecutivo de la organización campesina, Felipe Quispe, ratificó a Radio Panamericana que las medidas de presión se llevarán adelante siguiendo las instrucciones de la COB.
Quispe, que también es diputado por el izquierdista Movimiento Indígena Pachacuti (MIP), acusó al Gobierno de no haber atendido sus 72 peticiones y reclamó que no los haya convocado hasta el momento para iniciar conversaciones.
"Hemos mandado varias cartas, pero las cartas no han servido para nada. Hemos solicitado hablar de frente a frente, pero resulta que ellos no supieron responder y en ningún punto hemos avanzado", dijo Quispe al destacar que no han "recibido ni una paja, ni una aguja" de este Gobierno.
"Creo que vamos a recibir balas porque vamos a salir a las movilizaciones. Seguramente nos van a matar como siempre nos matan", indicó.
No obstante, Quispe dijo que están "dispuestos a agotar todos los medios posibles" y el diálogo para negociar sus demandas con el Gobierno.
En tanto, los ex mineros Julio Saravia y Francisco Franco Chávez, y la viuda de un tercero, Ana Bazagoitia, desistieron de su amenaza de inmolarse con la dinamita que llevaban atada al cuerpo, tras los acuerdos alcanzados el sábado.
Su advertencia recordó lo sucedido el 31 de marzo con el ex minero Eustaquio Picachuri, quien en oficinas del Parlamento provocó su muerte y la de dos policías al detonar una carga de dinamita. (EFE)
