Los abogados explicaron que estas faltas generaron al Estado una deuda que cerró el 2015 en 11.112 millones de dólares.
Los juristas acudieron a la comisión de diputados que dentro de 10 días votará el informe final.
Dos de los juristas que presentaron el pedido de juicio político contra la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, insistieron este martes en que la mandataria incurrió en faltas y "delitos de responsabilidad" que justifican su destitución.
Los abogados Miguel Reale Júnior y Janaina Paschoal, dos de los firmantes del pedido de "impeachment" (juicio político) presentado al Congreso, comparecieron hoy ante la comisión de diputados que determinará si existen razones jurídicas para procesar a Rousseff.
"Estamos frente a delitos y delitos graves", dijo Reale Júnior, quien sostuvo que cada una de las acusaciones está fundamentada en las leyes.
Reale Júnior explicó que el pedido está fundamentado en una serie de irregularidades que detectó el Tribunal de Cuentas, organismo de contraloría del Estado brasileño, en los balances que el Gobierno presentó en 2014 y que sostuvo que esas prácticas continuaron en 2015.
Según ese tribunal, en 2014 el Gobierno dejó de depositar en la banca pública, usada como agente de pagos, parte de los montos previstos para seguros de desempleo, subsidios a las familias más pobres y créditos para campesinos, entre otras obligaciones.
Eso llevó a los bancos a cubrir esos compromisos con sus propios recursos y le generó al Estado una deuda que el año pasado cerró en unos 40.000 millones de reales (hoy 11.112 millones de dólares) y que, a efectos contables, fue considerada crédito.
No obstante, Reale Júnior precisó que la Ley de Responsabilidad Fiscal, que impone rigor en el gasto público, prohíbe expresamente que el Gobierno contrate préstamos con entidades bajo su control.
Algo más del 50 por ciento de esa deuda fue generada con el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) y los montos restantes se reparten sobre todo entre la Caixa Económica y el Banco do Brasil, todos estatales.
Paschoal, a su turno, acotó que la mayoría de esas operaciones fue realizada en 2014, en pleno año electoral, y sostuvo que todo eso supuso un "engaño a la población" que acabó favoreciendo la reelección de Rousseff para un segundo mandato.
Las exposiciones de Reale Júnior y Paschoal fueron continuamente interrumpidos, sea por aplausos de la oposición o por abucheos del oficialismo, que insistió en denunciar el proceso como un "golpe".
Cómo seguirá el proceso
La comisión producirá un informe sobre el asunto, que se calcula votará dentro de unos 10 días, y, según el resultado, la causa será archivada o pasará al pleno de los Diputados.
Para que el proceso prosiga, una mayoría calificada de 342 votos deberá respaldarlo, para que entonces el Senado, por mayoría simple, decida si da curso al juicio político.
En caso de que el Senado acepte iniciar el juicio político, la presidenta deberá separarse del cargo durante 180 días, plazo que tendrá la Cámara Alta para concluir el proceso.
Durante ese lapso, Rousseff será sustituida por el vicepresidente Michel Temer, quien completaría el mandato que vence el 1 de enero de 2019 en caso de una destitución.
Temer es el presidente del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), la mayor fuerza política del país, que este martes decidió romper con el Gobierno, lo que fue interpretado como un claro respaldo al eventual proceso contra Rousseff.
