Nelson Barbosa compareció ante la comisión del Senado que debate el eventual juicio político contra la presidenta.
Autores de la acusación reiteraron que en el accionar de Rousseff hay "crímenes de responsabilidad".
La presidenta se encuentra sometida a un proceso que puede derivar en su suspensión por 180 días.
El ministro de Hacienda de Brasil, Nelson Barbosa, compareció este viernes ante una comisión del Senado que debate si la presidenta Dilma Rousseff será sometida a un juicio político e insistió en que no existe base legal para el proceso, donde los autores de la acusación sindicaron a la Mandataria de causar actos lesivos para esa nación.
Barbosa fue presentado como testigo de la defensa de Rousseff, que en cuestión de unas dos semanas pudiera ser separada del cargo durante 180 días si fuera aceptado el proceso para un juicio con miras a su destitución.
La acusación se sustenta en unas maniobras contables realizadas por el Gobierno para maquillar sus resultados en 2014 y 2015, que según la oposición constituyen un "crimen de responsabilidad", que es como la Constitución define las causas que pueden llevar a destituir a un mandatario.
Según la acusación, esas maniobras modificaron los presupuestos mediante decretos y permitieron acumular deudas y contratar créditos con la banca pública, pese a que la legislación lo prohíbe y sin que eso fuera reflejado en los balances del Gobierno.
Barbosa, frente a esa opinión, reiteró que esos manejos contables fueron hechos dentro del más "estricto marco legal" y que muchos de ellos ni eran responsabilidad directa de la presidenta, sino de los miembros de su equipo económico.
De todos modos, insistió en que no hubo "ninguna irregularidad" y que, a pesar de que las deudas con la banca pública llegaron a sumar más de 13.000 millones de reales (unos 3.715 millones de dólares) a mediados del año pasado, fueron canceladas el pasado diciembre.
Los alegatos de Barbosa, apoyados en complejos datos de carácter técnico, fueron exactamente los mismos que el ministro presentó hace poco más un mes ante la Cámara de Diputados, que los rechazó por una clara mayoría de 367 votos contra 137.
"Actos lesivos a la nación"
En la víspera, los autores de la denuncia que puede llevar a un juicio político a la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, ratificaron sus acusaciones ante una comisión del Senado que la próxima semana comenzará a definir el futuro de la mandataria, a la que responsabilizaron de "actos lesivos a la Nación".
La comisión, formada por 21 senadores, debe redactar un informe sobre el caso que, si fuera aprobado el próximo 6 de mayo, pasará al pleno de esa cámara, que días después decidirá si abre el proceso que obligaría a Rousseff a separarse del cargo durante 180 días, en los que sería sustituida por el vicepresidente Michel Temer.
Según los cálculos del Senado, si el informe pasa por la criba de la comisión, la votación en el pleno pudiera ser convocada para el 11 o 12 de mayo.
Los senadores escucharon primero el testimonio del jurista Miguel Reale Júnior, coautor de la denuncia, quien insistió en que Rousseff incurrió en maniobras contables ilegales para maquillar los resultados del Gobierno, lo que calificó de "engaño" al país.
"Hubo operaciones de crédito indebidas, decretos referidos a los presupuestos que no fueron sometidos a la aprobación del Congreso, como manda la ley", y otras irregularidades que, según Reale Júnior, "constituyen crímenes de responsabilidad", que engloban las causas que la Constitución prevé para la destitución de un mandatario.
"Son conductas que atentan contra las finanzas públicas y que han llevado a la insolvencia del Estado", declaró en alusión a la grave crisis fiscal que enfrenta el Gobierno.
Reale Júnior también citó "multimillonarias deudas" con la banca pública "no registradas en los balances", con lo que se transmitió "a la sociedad y a los mercados que había superávit fiscal, cuando en realidad había un déficit histórico", todo lo cual supone "un conjunto de actos lesivos a la Nación".
