Al menos siete policías colombianos fueron asesinados este viernes en una emboscada perpetrada en una zona rural del departamento del Huila, en el suroeste del país, confirmó la Policía Nacional de Colombia.
El ataque, cuyos autores no han sido identificados, tuvo lugar hacia las 14:30 horas (16:30 en Chile) en las afueras de San Luis, un caserío que hace parte de la zona rural de Neiva, la capital de Huila, según las autoridades.
Los policías iban de regreso a la comisaría a la que estaban adscritos tras una jornada de trabajo en el corregimiento de San Luis, cuando fue activado un "artefacto explosivo" a la altura de la vereda Corozal.
Tras la explosión, los uniformados fueron atacados con ráfagas de fusil, según la información recopilada por medios locales.
Las víctimas, que en un primer momento se creía que eran ocho, son dos intendentes, dos patrulleros y tres auxiliares, según precisó la Policía Nacional en un comunicado.
"Estos hechos expresan un claro saboteo a la paz total. He pedido a las autoridades desplazarse al territorio para asumir la investigación", manifestó en su primera reacción el presidente colombiano, Gustavo Petro, en su cuenta de Twitter.
"El sitio no es de tan fácil acceso, entonces hay una aeronave allá sobrevolando", confirmaron a Efe fuentes policiales tras el ataque.
La Policía también indicó que "todo el despliegue operacional está dispuesto en la región con el propósito de ubicar, capturar y llevar ante la justicia a los autores materiales e intelectuales del crimen, para que afronten todo el peso de la ley".
El director de la Policía, mayor general Henry Sanabria Cely, dijo en Twitter que se desplazó al Huila "de manera inmediata con todas las capacidades institucionales para verificar y acompañar a nuestros policías".
Por su parte el presidente del Senado colombiano, Roy Barreras, rechazó "con dolor" el asesinato "cobarde" de los policías en un mensaje en redes sociales.
"Los matan en emboscada. El maldito narcotráfico mata servidores públicos humildes. Luto en sus familias y en la familia colombiana. Esos que no dejan de matar solo merecen la más fuerte respuesta del Estado", agregó Barreras.
A las condenas también se sumó el director del Departamento Administrativo de Presidencia, Mauricio Lizcano, quien rechazó el "vil asesinato" y exigió que "las autoridades deben dar con los responsables".
Se trata del primer ataque contra la fuerza pública desde que Petro llegó al poder el pasado 7 de agosto, cuando se paralizaron las ofensivas contra la fuerza pública mediante el llamado "plan pistola" impulsado principalmente por la banda criminal del Clan del Golfo.
Un total de 36 policías fueron asesinados como consecuencia de esos ataques de la mayor banda criminal del país que, tras la extradición a EE.UU de su líder, Dairo Antonio Úsuga, alias "Otoniel", incrementó los atentados contra la fuerza pública sobre todo en la costa atlántica y el noroeste del país.
