Bernardo Moreno fue inhabilitado para ejercer cargos públicos por 18 años.
La Procuraduría castigó además a otros tres funcionarios de inteligencia.
La Procuraduría destituyó e inhabilitó este lunes por 18 años para ejercer cargos públicos a Bernardo Moreno, ex secretario general del ex presidente Alvaro Uribe, y a otros tres ex jefes del servicio de inteligencia DAS, involucrados en el escándalo de las escuchas ilegales a opositores, magistrados y periodistas.
La decisión de la Procuraduría General de la Nación (Ministerio Público) sanciona a los ex directores del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) Jorge Noguera a 20 años, María del Pilar Hurtado a 18 años y Andrés Peñate a ocho meses.
El procurador Alejandro Ordóñez señaló que el secretario general de Uribe se "extralimitó en sus funciones", al realizar en abril de 2008 una reunión en la Casa de Nariño (sede de Gobierno) con funcionarios del DAS y de la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf).
Esa cita tenía como fin que los funcionarios se enteraran de "información reservada" de un amigo de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), añadió Ordóñez.
Los otros involucrados
El espionaje a esa persona también involucró a la ex directora del DAS María del Pilar Hurtado y a sus dos jefes de Inteligencia y Contrainteligencia, Fernando Tabares y Jorge Lagos.
El procurador señaló que al parecer Hurtado dio una "orden ilegal" a Lagos, para "realizar labores de seguimiento a algunos ciudadanos de relevancia nacional, abusando de su cargo, con clara extralimitación de las funciones legales asignadas al DAS".
También resultó involucrado el entonces director de la Uiaf, Mario Aranguren, quien fue destituido e inhabilitado por 18 años para ejercer cargos públicos.
La máxima sanción disciplinaria de 20 años en el caso de las escuchas, o "chuzadas" como se conocen en Colombia, fue para el ex director del DAS Noguera, quien ya había sido sancionado por sus supuestos apoyos a escuadrones paramilitares.
El escándalo de las escuchas y seguimientos ilegales por parte del DAS, que incluyó a periodistas, opositores, magistrados y a miembros de organismos de derechos humanos, algunos de ellas extranjeros, se destapó en 2008 por parte de la revista Semana.
