Las fuerzas de la policía que rodean el Legislativo, en Quito, tienen órdenes de no dejan entrar a los parlamentarios cesados y a ninguna persona ajena a la corporación.
El Congreso de Ecuador destituyó este martes a los miembros del Tribunal Constitucional (TC), un día después de que ese organismo restituyera a 51 de los 57 diputados separados de sus cargos por el Tribunal Supremo Electoral (TSE).
La destitución del Constitucional fue aprobada por 52 diputados que asistieron al pleno del Congreso, mientras en un hotel de Quito los legisladores destituidos celebraban una sesión paralela, lo que agrava el conflicto político y jurídico que vive el Parlamento.
El TSE también se reunió este martes, y su presidente, Jorge Acosta, manifestó su intención de denunciar al TC "por prevaricato", por la restitución de los diputados destituidos, que el mes pasado fueron acusados de "interferir" en la consulta para una Asamblea Constituyente.
La consulta popular, promovida por el gobierno, fue aprobada por abrumadora mayoría el pasado 15 de abril.
Al conocer la destitución del TSE, uno de los vocales del polémico tribunal, Juan Montalvo, la consideró "inconstitucional" y señaló que "no merece ser acatada", lo que hace prever nuevos enfrentamientos entre los poderes ecuatorianos.
Los diputados a los que el TC devolvió los escaños, que son opositores al presidente ecuatoriano, Rafael Correa, se mostraron satisfechos con la decisión tomada ayer por ese tribunal.
Gloria Gallardo, del Partido Renovador Institucional Acción Nacional (PRIAN), la mayor fuerza en el Parlamento hasta el mes pasado, dijo que la destitución fue "inconstitucional" y agregó que esperan que "el Congreso Nacional legítimo", en el que estarían los destituidos, reanude su trabajo.
También denunció que "turbas asalariadas" intentan "linchar" a los diputados que fueron destituidos y ahora repuestos en sus escaños, y responsabilizó de "toda agresión que suframos, todo intento de asesinato", a Correa, al ministro de Gobierno, Gustavo Larrea, y al comandante general de la Policía, Ángel Bolívar.
Por su parte, la diputada Wilma Andrade, del grupo de Izquierda Democrática, señaló en la sede del Congreso que la destitución del Tribunal Constitucional "deja en el limbo" la decisión que adoptó el lunes ese Tribunal, de restituir a 51 de los 57 cesados por el TSE.
El gobierno, por su parte, considera que los diputados cesados "siguen destituidos", pese a la decisión del Tribunal Constitucional, según dijo el lunes el presidente Correa.
De este modo, la crisis política se complica pues ninguna de las partes cede en sus posturas y todos esgrimen razones legales para defender sus argumentos.
Mientras la crisis sigue sin solución, en el exterior del Congreso, protegido este martes por 700 policías, partidarios del gobierno mostraron su rechazo a los destituidos.
A dos cuadras del Legislativo al menos un millar de estudiantes de grupos izquierdistas, que también defienden la Constituyente, intentaron bloquear el paso a los legisladores cesados y se enfrentaron con la Policía.
Los agentes que custodian el Congreso manifestaron que tienen órdenes de no dejar pasar a los diputados destituidos ni a nadie ajeno a la institución.
Entre las personas a las que la Policía no permitió el acceso al Congreso estuvo este martes el secretario del Tribunal Constitucional, Juan Carlos Calvache, que intentó sin éxito comunicar al Legislativo la resolución que devolvió el cargo a los destituidos. (EFE)
