Según un estudio, las personas utilizadas no han firmado ningún consentimiento para someterse a estos ensayos, por lo que se están infriengiendo los derechos humanos.
En algunos centros penitenciarios estadounidenses se están llevando a cabo ensayos con los condenados a muerte con el objetivo de mejorar la ejecución por inyección letal.
Un grupo de investigadores acaba de publicar un informe en el que critican la práctica y la califican como "experimentación en prisioneros sin su consentimiento ni las garantías éticas pertinentes".
Leonidas Koniaris y Teresa Zimmers, líderes del citado equipo de científicos presentaron el trabajo en la revista PLoS Medicine que analizó las implicaciones éticas de las pruebas que muchos centros penitenciarios están llevando a cabo para mejorar esta forma de ajusticiamiento.
El año pasado varios de los 38 estados de EE.UU. en los que se aplica la pena de muerte suspendieron las ejecuciones mediante inyección letal, ya que existían datos de que algunos presos habían tenido muertes agónicas, algo que infringe la ley estadounidense que rechaza los castigos crueles e inhumanos.
"Muchos de los métodos empleados para recoger datos de las ejecuciones y modificar los protocolos de la inyección letal incluyen actividades de investigación biomédica que debe estar regulada de forma muy estricta", denunciaron los autores.
"Se podría decir que algunas de estas actividades constituyen ensayos con seres humanos", agregan.
Más aún cuando los reos de los corredores de la muerte no han firmado consentimiento informado alguno, ni están amparados por ningún código ético en estos ensayos.
"Aunque se les haya despojado de su derecho a la libertad y a la vida, conservan aún el derecho a la integridad de su cuerpo y a renunciar a participar en estas investigaciones", aseveran los autores.
"Sostenemos que el marco ético, si es que lo tiene, de las modificaciones de los protocolos de inyección letal debe aclararse antes de realizar más investigaciones para mejorar el proceso'", concluyen.
En la actualidad, 3.350 presos esperan la ejecución de sus sentencias en los 36 estados en los que todavía se aplica la pena de muerte. (Agencias)
