El mandatario norteamericano apuntó que el fenómeno de los inmigrantes está relacionado con la existencia de traficantes y delincuentes, por lo que pretende mayor protección en la frontera.
El presidente estadounidense, George W. Bush, aseguró este sábado que se opone a la amnistía de los inmigrantes ilegales que viven en Estados Unidos y pidió mayor seguridad en las fronteras del país para frenar la entrada de indocumentados.
"Los que entran en este país ilegalmente violan la ley", dijo Bush en su discurso radial de los sábados, en el que apuntó que el fenómeno está relacionado con la existencia de traficantes y otros grupos delictivos que aumentan la criminalidad en Estados Unidos.
"Ante ese serio desafío, la responsabilidad de nuestro gobierno es clara. Vamos a proteger nuestras fronteras", aseguró Bush.
Sus declaraciones se suman a las pronunciadas el lunes en Arizona, donde el mandatario estadounidense dio a conocer los detalles de su plan para atajar la inmigración ilegal, un debate que gana intensidad en todo el país y que según los expertos será clave en las elecciones legislativas del 2006.
"Las legislativas sirven para poner a prueba los temas claves de las elecciones presidenciales", según Jennifer Duffy, analista del centro independiente Cook Political Report, quien cree que la inmigración centrará los comicios de noviembre del 2006.
Un sondeo reciente del Centro Pew de Investigación demuestra que el tema está muy presente entre el electorado.
El 51 por ciento de los encuestados aseguró que reducir la inmigración ilegal debería de ser una de las "principales prioridades" de los gobernantes, por encima del 42 por ciento que respondió lo mismo en 1997.
Sólo el 39 por ciento de los republicanos encuestados respaldaron la gestión migratoria de Bush.
Con su nuevo plan, que tendrá que recibir todavía el visto bueno del Congreso, Bush deja claro a las bases de su partido que está dispuesto a atajar una situación que muchos republicanos consideran problemática.
El consenso de los analistas apunta que en hay entre ocho y 11 millones de indocumentados en Estados Unidos.
Para impedir que el número siga creciendo, y tener un mayor control sobre los ya afincados en el país, Bush propone cuatro grandes líneas de actuación.
La primera implica la deportación, "sin excepciones", de todos los indocumentados capturados en las fronteras.
En el caso de México, Estados Unidos dice querer implementar un nuevo programa que implicaría la deportación de las personas arrestadas a sus ciudades de origen, en lugar de dejarlas en la frontera, lo que "haría más difícil" otro nuevo intento.
El segundo pilar de la reforma buscaría cambios en la actual legislación, entre ellos alterar la disposición que obliga al país a liberar a aquellos indocumentados que sus países de origen se nieguen a aceptarlos de vuelta en un periodo determinado de tiempo.
La tercera medida busca redoblar la presencia policial en las fronteras y la construcción de barreras físicas que desalienten la entrada de ilegales.
A esa se suma una última y polémica cuarta propuesta: la de crear un programa de trabajadores temporales al que supuestamente se apuntarían los indocumentados residentes en Estados Unidos y que implicaría el regreso definitivo de estos a sus países tras unos seis años.
Muchos observadores señalan que resulta difícil creer que los millones de indocumentados vayan a apuntarse a un programa que eventualmente conduciría a su deportación.
Se espera que la Cámara de Representantes realice una votación este mes sobre un proyecto de ley para reforzar la seguridad fronteriza y disminuir la inmigración ilegal.
Además, el Senado podría someter a votación durante los próximos meses varias legislaciones migratorias.
Las propuestas han alimentado la tensión entre republicanos y demócratas y podrían restar apoyo a Bush entre los votantes latinos, la comunidad de mayor crecimiento demográfico en el país norteamericano.
El presidente del Partido Demócrata, Howard Dean, fue uno de los primeros en salir a la palestra para criticar el plan de Bush al acusar esta semana al presidente de permitir que "el ala extremista contraria a la inmigración del Partido Republicano domine el debate sobre la reforma migratoria". (EFE)
