El uso de estos robots busca ayudar a preservar la seguridad de los agentes.
Serán desplegados en comisarías de Brooklyn, el Bronx y Central Park.
El Departamento de Policía de Nueva York (NYPD, en inglés) instalará en cinco comisarías de la ciudad varios drones que serán los primeros en intervenir tras las llamadas al teléfono de emergencia 911, una iniciativa que refleja el creciente uso de estas máquinas por parte de las autoridades neoyorquinas.
El Comisionado Adjunto de Operaciones de la Policía, Kaz Daughtry, presentó el programa piloto, al que denominó "drones como primeros intervinientes", pero no especificó en qué casos se activarán estos robots.
Los agentes del Centro de Operaciones Conjuntas, en el Bajo Manhattan, supervisarán las imágenes que lleguen en directo desde los drones y transmitirán lo que ven a las autoridades que estén en el lugar de los hechos, explicó Daughtry en una audiencia federal celebrada el jueves en Washington y que este viernes recoge la prensa.
Los robots irán a parar a comisarías de Brooklyn, el Bronx y Central Park.
Daughtry destacó el creciente uso de drones en las comisarías neoyorquinas, que aumentó el año pasado un 420% con respecto a 2022: "Nuestra innovación tecnológica más aplicada en el departamento ha sido el uso de drones", expresó.
Según el funcionario, el NYPD, que dispone de 85 drones en su flota, ya usó estos robots para estudiar los efectos en edificios y puentes tras el terremoto que sacudió la ciudad en abril, así como para vigilar las protestas propalestinas que tuvieron lugar en varias partes de la metrópoli en otoño.
En este último caso, la Policía envió las imágenes de los manifestantes a los fiscales, que los utilizaron como pruebas para acusar a 158 personas, explicó.
Daughtry aseguró que estos robots, criticados por algunos activistas -que lo ven como una forma de violar la privacidad de los ciudadanos- ayudan a preservar la seguridad de los agentes.
Por otra parte, el agente aseguró que la policía retirará progresivamente de su flota los drones hechos por la empresa china Da Jiang Innovations, acusada de entregar los datos que recoge al Gobierno chino.
