El magistrado español que procesó a Pinochet cumplirá un total de 11 años de suspensión.
La condena le fue impuesta por intervenir conversaciones telefónicas en un caso de corrupción.
El Tribunal Supremo español fijó para el 1 de mayo de 2021 la fecha de cumplimiento de los 11 años de inhabilitación como juez impuestos a Baltasar Garzón, aceptando el recurso interpuesto por el ex magistrado.
La condena le fue impuesta por intervenir conversaciones en prisión entre imputados y abogados del caso "Gürtel", una red de presunta corrupción que afectó a cargos políticos del Partido Popular (PP).
Cuando se ejecutó la condena, el Supremo calculó que la inhabilitación se prolongaría hasta el 3 de abril de 2022, pero Garzón recurrió, al constatar que, para hacer ese cómputo, el Alto Tribunal no tuvo en cuenta el tiempo que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), órgano de gobierno de los jueces españoles, le mantuvo suspendido de forma cautelar por otro caso.
Con la admisión de este recurso el Alto Tribunal ha computado el tiempo que el magistrado estuvo suspendido cautelarmente por este caso.
El Supremo consideró que el recurso de súplica de Garzón "debe prosperar, pues en la liquidación de condena de once años de inhabilitación", que le fue impuesta el 9 de febrero pasado, "se omitió el tiempo que estuvo suspendido provisionalmente".
El pasado 9 de febrero, el Supremo condenó a Garzón al considerar que, al ordenar la grabación de las conversaciones de implicados en la trama "Gürtel" con sus abogados, adoptó una resolución injusta y restringió el derecho de defensa de los imputados en prisión "sin razón alguna que pudiera resultar mínimamente aceptable".
Pinochet y Assange
Baltasar Garzón, de 56 años, cobró proyección internacional al procesar y ordenar en 1998 el arresto internacional del ya fallecido ex dictador chileno Augusto Pinochet.
Su defensa del principio de la Justicia universal le llevó de la misma manera a procesar al ex militar argentino Adolfo Scilingo, quien fue condenado en España a una pena de cárcel de más de mil años por delitos de lesa humanidad y detención ilegal durante la dictadura en ese país.
Tras su inhabilitación como juez en España creó un bufete de abogados que, entre otros casos, trabaja en la defensa a Julian Assange, fundador de Wikileaks.
