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Fiscalía pidió mantener en prisión a ex gobernantes secesionistas catalanes

Se trata de ocho ex consejeros del gobierno catalán cesado y los líderes de dos organizaciones por la independencia catalana.

Comparecieron ante el magistrado Pablo Llarena a quien solicitaron su puesta en libertad, lo que resolverá el próximo lunes 4.

EFE
Los acusados comparecieron este viernes ante al Tribunal Supremo.

Los acusados comparecieron este viernes ante al Tribunal Supremo.

La Fiscalía del Tribunal Supremo (TS) de España solicitó al juez que investiga el proceso independentista en la región de Cataluña, que mantenga en prisión preventiva a los ocho ex consejeros del Gobierno catalán cesado y a los líderes de dos organizaciones secesionistas de esa comunidad autónoma.

Todos ellos comparecieron este viernes ante el magistrado Pablo Llarena a quien solicitaron su puesta en libertad, lo que resolverá el próximo lunes 4, horas antes de que comience la campaña electoral para los comicios regionales del 21 de diciembre, en los que concurren siete de esos ocho ex consejeros y uno de los líderes de las entidades independentistas.

Entre los ex gobernantes catalanes, el ex vicepresidente Oriol Junqueras y el anterior consejero de Exteriores, Raül Romeva, fueron los únicos que se negaron a responder a las preguntas de la Fiscalía, mientras que el resto contestaron a las acusaciones en mayor o menor medida.

Junqueras y otros siete miembros del anterior gobierno regional catalán (destituido el 27 de octubre por el Ejecutivo español) permanecen en prisión desde el 2 de noviembre por supuestos delitos de sedición, rebelión y malversación de fondos públicos en relación con el proceso independentista en Cataluña.

El ex presidente catalán Carles Puigdemont y otros cuatro ex consejeros, reclamados por la Justicia española, siguen en Bélgica a la espera de que las autoridades judiciales de ese país decidan si son entregados a España.

También están en prisión, desde el 16 de octubre, el ex presidente de la Asamblea Nacional Catalana Jordi Sánchez y el presidente de Ómnium Cultural, Jordi Cuixart, como sospechosos de un delito de sedición por el asedio a la Guardia Civil el 20 de septiembre, cuando este cuerpo de seguridad realizaba una operación para impedir el referéndum ilegal de "autodeterminación" del 1 de octubre.

Todos fueron encarcelados por orden de la Audiencia Nacional española, que inicialmente se encargó de investigar los posibles delitos citados a petición de la Fiscalía.

El pasado día 24, el TS decidió asumir todas las causas abiertas en relación con el proceso independentista y Llarena centralizó la investigación.

Entonces, todos los encarcelados pidieron declarar ante el juez y pedir la libertad provisional con el argumento de que, desde que entraron en prisión, han acatado las decisiones del Ejecutivo central para impedir el secesionismo, de acuerdo con la Constitución española, entre ellas, la disolución del anterior gobierno catalán y la convocatoria de elecciones regionales.

Sin embargo, tras escuchar hoy sus comparecencias, la Fiscalía del Supremo considera que "en estos momentos persisten los riesgos de fuga y de reiteración delictiva", por lo que solicita su permanencia en prisión.

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