Infanta Cristina aseguró que desconocía negocios de su marido

La hija menor del rey Juan Carlos comparece en juicio por presuntas actividades de fraude y blanqueo de capitales de su marido.

Se trata de la primera vez que un integrante de la familia real enfrenta una citación en tribunales.

EFE
La infanta Cristina declara como imputada.

La infanta Cristina declara como imputada.

La infanta Cristina de Borbón declaró ante un juez español que desconocía las actividades de la empresa de su marido, Iñaki Urdangarín, en el marco de un juicio por presuntas actividades de fraude y blanqueo de capitales en el que la hija menor del rey Juan Carlos figura como imputada.

El caso de la infanta ha tenido en vilo a España, que por primera vez ve a un miembro de su realeza presentándose por una citación en los tribunales.

Séptima en la línea de sucesión al trono español, Cristina es señalada como parte del llamado caso Nóos, en el que supuestamente se malversaron millones de dólares de fondos públicos.

Llamada a declarar, compareció en la mañana del sábado ante el magistrado José Castro, en un tribunal de Palma de Mallorca, adonde llegó en auto desde Barcelona.

En las primeras tres horas de interrogatorio, la infanta se desvinculó de la gestión de la empresa Aizoon, que compartía con su marido Urdangarín.

Afirmó que no participaba en la administración y desconocía detalles de sus negocios, así como el hecho de que el personal doméstico que trabajaba en su casa cobraba a través de Aizoon, según detallaron fuentes jurídicas a la agencia española EFE.

"Yo confiaba en mi marido", recalcó en reiteradas ocasiones durante la declaración, según el testimonio de testigos en la sala.

De la audiencia, sólo habrá un registro de audio al final: se había prohibido de antemano el uso de tabletas y computadoras, así como la grabación en video.

Tranquila y sonriente

La infanta llegó al tribunal sonriente, entregó un "buenos días" a los presentes e ingresó por la puerta trasera del edificio.

No sin antes esquivar a los manifestantes que se agolpaban en las afueras de la sede judicial y en las inmediaciones. En total, unas 500 personas se reunieron desde temprano, con pancartas con consignas antimonárquicas y algunos símbolos del partido Comunista.

La Asamblea Republicana de Mallorca había llamado a sus miembros a protestar ante el juzgado, donde también se concentró un grupo de activistas de Ibiza que reclamaba por los proyectos petroleros que se planean en aguas próximas a las islas Baleares.

Y se acercaron vecinos y curiosos, en medio de un amplio despliegue policial de más de 200 efectivos, entre ellos policías nacionales y locales, la guardia civil y vigilancia privada.

Según Manuel Delgado, abogado del Frente Cívico "Somos Mayoría" -y el único abogado presente en la sala que hizo declaraciones a los medios durante el receso de mediodía-, la infanta explicó que montó una empresa con Urdangarín "porque le tenía mucha confianza".

El letrado aregó que la imputada "no está contestando prácticamente a nada" y que entregó evasivas "en un 95 por ciento" de las preguntas que le presentó el juez.

"Está ejerciendo su derecho a no decir una verdad que la comprometa, ese derecho lo está ejerciendo plenamente", indicó Delgado.

Investigación en marcha

El interrogatorio, que se estima durará cinco horas, se centró en el entramado del llamado caso Nóos, o caso Urdangarín según se lo conoce en la prensa española.

En él se investiga el presunto desvío de fondos públicos al Instituto Nóos, que presidió el marido de la infanta, entre 2003 y 2006, así como otros delitos tributarios.

La hija del rey comparece como imputada por supuestos delitos de fraude fiscal y blanqueo de capitales.

El juez José Castro dijo en la resolución judicial que existían indicios para citarla porque compartía el 50 por ciento de la propiedad de la empresa Aizoon, a la que se desvió dinero que Urdangarín supuestamente obtuvo de forma ilícita, según la investigación que comenzó en 2011.

Tanto Cristina como su marido niegan los cargos.

Esta segunda imputación -la primera, hace casi un año, fue anulada por un tribunal superior- ocurre en momentos en que la credibilidad de la monarquía española atraviesa una profunda crisis.

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