Aníbal Cavaco Silva, de tendencia conservadora, accedió a dar el vamos a la legislación aprobada por el Ejecutivo socialista y refrendada por la población en un referendo.
El jefe del Estado luso, el conservador Aníbal Cavaco Silva, decidió promulgar la ley que despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo durante las primeras 10 semanas, pero sugirió varias recomendaciones para su aplicación.
El presidente, quien podía haber vetado la norma, optó por promulgar el proyecto aprobado en el Parlamento después de que el 59,25 por ciento de los portugueses apoyara en el referendo del 11 de febrero pasado la despenalización del aborto, aunque la consulta no fue vinculante al sobrepasar la abstención la mitad del electorado.
Cavaco Silva sugirió en un mensaje al Parlamento que la mujer sea informada sobre la posibilidad de entregar al bebé en adopción, que la publicidad sobre el aborto se restrinja y los médicos objetores de conciencia no sean excluidos de las consultas previas y que se cree una red pública de acompañamiento psicológico y social a las féminas que quieran abortar.
El mandatario subrayó que durante la atención médica previa a la realización del aborto la mujer debería tener conocimiento sobre las posibilidades de entregar en adopción de su futuro hijo, postura apoyada en el Parlamento por los partidos de derecha y rechazada por las fuerzas de izquierda.
Según Cavaco, el hecho de que un médico declare objeción de conciencia para la no realización del aborto no tiene que impedir que éste pueda llevar a cabo las consultas clínicas.
En su mensaje, el político calificó el aborto como un "mal social a prevenir", como fue reconocido por todas las fuerzas políticas participantes en la campaña del referendo, y señaló que sería anómalo que el legislador no tome providencias para "restringir la publicidad comercial de la oferta de servicios en la interrupción del embarazo".
Sobre el caso concreto de la consulta médica, Cavaco señala que la mujer debe ser informada acerca del nivel de desarrollo del embrión y de las consecuencias de la interrupción del embarazo para su salud física y síquica.
Cavaco Silva apuntó también que las clínicas privadas que practiquen abortos deben contar con el adecuado control por parte del Estado, además de considerar razonable que el progenitor masculino esté presente tanto en la consulta como en el posible periodo de reflexión.
En su comunicación a la Asamblea Legislativa, que acompaña la promulgación de la ley recuerda además que ésta fue aprobada tras la celebración de un plebiscito que no logró la participación del 50 por ciento de los votantes, necesaria para ser jurídicamente vinculante según el artículo 115 de la Constitución.
La ley hasta ahora en vigor, de 1984, impone penas de hasta tres años a la mujer que se someta a un aborto ilegal y de dos a ocho al médico que lo practique, pero permite el aborto en las primeras 12 semanas en caso de violación o si hay riesgo para la vida o la salud de la madre. (EFE)
