Luego de que la UE aprobara una directiva que endurece las medidas contra los viajeros irregulares, Madrid anunció conversaciones con países como Chile, que expresaron su molestia.
El Gobierno de España hará un "esfuerzo diplomático de información" con los países de América Latina que expresaron su rechazo a la directiva de la Unión Europea (UE) de retorno de inmigrantes en situación irregular, anunció la vicepresidenta María Teresa Fernández.
Madrid también dijo que el proyecto de directiva aprobado por el Parlamento Europeo esta semana "no es aplicable a España".
Fernández explicó que España tiene una Ley de Extranjería que "garantiza los derechos de los inmigrantes", también de los que se encuentran en una situación irregular, y establece un "procedimiento judicializado" desde sus inicios.
Los "oídos sordos" de la Unión Europea
La cumbre de la Unión Europea (UE) hizo "oídos sordos" a las críticas de países de Latinoamérica y Africa y de organizaciones de derechos humanos a la reciente norma sobre retorno de inmigrantes irregulares, que no han sido evocadas en la discusión sobre inmigración.
Los jefes de Estado y Gobierno dieron ya su visto bueno al capítulo de inmigración en su texto de conclusiones, pero en el debate no se discutieron esas reacciones negativas de los países latinoamericanos y africanos a la directiva de retorno de indocumentados, indicaron fuentes comunitarias.
La directiva fue aprobada el pasado miércoles por el Parlamento Europeo después de recibir el visto bueno de los 27 Gobiernos de la UE.
La norma, que entrará en vigor dentro de dos años, establece unos criterios mínimos comunes en los países de la UE sobre cómo tratar a los inmigrantes que hayan entrado irregularmente en territorio comunitario.
Por ejemplo, nueve países de la UE no tienen actualmente límites al internamiento forzoso de indocumentados, que pueden quedar retenidos de forma indefinida, y la nueva legislación fija un período máximo -de seis meses, ampliables a 18 en casos de problemas de identificación-.
La UE insiste también en que esas medidas garantizan unos derechos mínimos, y que los países que quieran puedan adoptar medidas con más garantías, como las que tiene España. (EFE)
