Desde mañana, los países tendrán un plazo de dos años para aplicar las medidas.
Las penas para las firmas que incumplan la normativa irán desde multas a pérdidas de subsidios.
Los países de la Unión Europea (UE) aprobaron este lunes en la reunión de ministros de Agricultura que se celebra en Bruselas, dos importantes normas sobre inmigración, una sobre las sanciones mínimas que se aplicarán a los empresarios que contraten a extranjeros ilegales y la "tarjeta azul" para atraer a trabajadores calificados.
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Se calcula que en los 27 países de la Unión Europea hay entre cuatro y ocho millones de inmigrantes indocumentados. |
A partir de mañana, los estados miembros tendrán un plazo máximo de dos años para aplicar la norma sobre las sanciones, que establece que las firmas que emplean personas de países extracomunitarios son responsables de comprobar que éstas tienen sus documentos en regla y establece las penas mínimas para quienes falten a la legislación.
Las sanciones para quienes incumplan esta normativa van desde multas, en las que se incluiría el costo de la repatriación del trabajador, hasta la pérdida de subsidios, la imposibilidad de optar a ayudas públicas durante un plazo de cinco años y el abono de la misma cantidad que habría pagado en impuestos y cotizaciones de haber contratado legalmente al inmigrante.
Para los casos más graves como la reincidencia del empresario, la contratación irregular de un amplio número de personas, su explotación, el empleo informado de víctimas de tráfico de seres humanos o de menores, las compañías arriesgan sanciones penales.
Con respecto a la "tarjeta azul", esta consiste en establecer un mecanismo común de ventajas laborales y legales para los trabajadores altamente calificados procedentes de fuera de la UE, el cual entrará en vigor a mediados de 2011 y permitirá que, tras un período inicial de 18 meses en un primer país europeo, estos inmigrantes puedan trabajar en el resto del territorio comunitario.
Con esta medida, estos empleados podrán desempeñarse con los mismos derechos que sus pares europeos en cuanto a condiciones de trabajo, salario, libertad de asociación o pensiones.
