El primer balance de la policía gala registraba 29 vehículos quemados a las 20:30 horas locales (19:30 GTM), el mismo número de siniestros del martes a igual hora.
Con la quema de varios automóviles, Francia comenzó su 14ª noche de violencia callejera, mientras desataba polémica la decisión del ministro de Interior, Nicolas Sarkozy, de expulsar a todo aquel extranjero que haya sido condenado por actos relacionados con esta oleada de vandalismo.
Según un primer balance de la policía, a las 20:30 locales (19:30 GMT), se había registrado la quema de 29 vehículos, ningún herido y cuatro detenciones.
Aunque se trata del mismo número de vehículos quemados que la víspera a la misma hora, no se podían anticipar conclusiones sobre el desarrollo de los disturbios en las próximas horas. En la noche del martes al miércoles, se contabilizaron 617 vehículos quemados, casi la mitad de la anterior.
En Toulouse (suroeste), cuatro coches fueron incendiados este miércoles a última hora de la tarde y un vehículo quemado fue lanzado contra la reja de un parvulario.
En el distrito XV de París, cuatro jóvenes intentaron prender fuego a una guardería infantil y a una moto, mientras que en Amiens (norte), una de las ciudades donde se ha impuesto el toque de queda para menores en virtud del estado de emergencia decretado la víspera, una tubería de gas fue arrancada.
Mientras, en una localidad de Seine-Saint-Denis, a las afueras de la capital gala y donde empezó la ola de disturbios el día 27 de octubre, unos 200 manifestantes se manifestaron contra la ola de violencia y el toque de queda (que no ha sido impuesto en ninguno de los departamentos de la región de París), en un acto convocado por la ultraizquierda y los comunistas.
En Amiens, grupos de izquierda y extrema izquierda llamaron a manifestarse el jueves 10 de noviembre contra el toque de queda.
Hasta ahora, las autoridades de únicamente cinco de los 25 departamentos donde se autorizó a decretar toques de queda lo han llevado a la práctica.
Mientras, crecía la polémica en torno a la decisión del ministro de Interior de expulsar a todo extranjero condenado por haber participado en la violencia callejera.
En la sesión de control al Gobierno en la Cámara de los Diputados, Sarkozy dijo que 120 extranjeros, "no todos en situación irregular", han sido condenados por haber participado en los disturbios nocturnos, y anunció que ha pedido a los prefectos que los expulsen sin más dilación de Francia, "incluidos" los legales.
La decisión fue denunciada de inmediato por las asociaciones de derechos humanos, antirracistas y de ayuda a inmigrantes y por la oposición de izquierdas.
Para las asociaciones, esta medida "escandalosa", "demagógica" y "peligrosa" equivale a la "doble pena", que el propio Sarkozy había eliminado, y, según la Liga de Derechos Humanos, es además "ilegal" por ser una expulsión "colectiva".
Por su parte, el Partido Comunista llamó a "las fuerzas democráticas a resistirse a esta deriva autoritaria", y los Verdes denunciaron una "nueva provocación" por parte del ministro que convierte a los inmigrantes en "un chivo expiatorio fácil".
Por su parte, un diputado del partido conservador gobernante (UMP) liderado por Sarkozy anunció una proposición de ley para despojar de la nacionalidad francesa a los extranjeros naturalizados culpables de "hechos graves" en la oleada de violencia urbana.
Por su parte, el ministro de Justicia, Pascal Clément, instó a los fiscales a pedir el internamiento en "centros educativos cerrados" de los menores de 16 a 18 años que violen los toques de queda instaurados a raíz del estado de emergencia.
Los mayores que violen las medidas de excepción se exponen, por su parte, a dos meses de cárcel firme y/o a una multa de 3.750 euros (unos 4.000 dólares).
El ministro indicó que el marco jurídico del estado de emergencia permite poner bajo custodia a los que violen estas reglas.
Desde el inicio de los disturbios, 173 mayores de edad han sido condenados a penas de prisión firme, y otros 32 a penas sin necesidad cumplimiento o trabajos de carácter social, según un balance de Justicia.
Por otra parte, 281 menores han comparecido ante un juez de menores, 56 de los cuales fueron enviados a prisión preventiva.
Mientras tanto, el primer ministro, Dominique de Villepin, recibió en la sede del Gobierno a madres de familia residentes en barrios conflictivos, algunas de las cuales expresaron públicamente sus reservas sobre los toques de queda, y a representantes de asociaciones, que pidieron más justicia social. (EFE)
