Un video que circula entre el padre de uno de los desaparecidos y su abogado es la prueba de la acusación.
Según el grupo criminal Los Rojos, los familiares han recibido dinero de la agrupación rival Guerreros Unidos.
El abogado Vidulfo Rosales manifestó que incluso el gobierno podría estar detrás de la difusión del video.
Un video que incluye la grabación de una conversación telefónica entre el padre de uno de los estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en 2014 y un abogado, acusa a los familiares de los jóvenes y a sus representantes de recibir dinero del crimen organizado.
El video, que circula en redes sociales, se inicia con una advertencia supuestamente del grupo criminal Los Rojos, según la cual los familiares han recibido dinero de la agrupación rival Guerreros Unidos.
"Por qué reciben dinero de los Guerreros Unidos, cuál es el objetivo de su dizque movimiento en nuestras comunidades. Quieren calentar la plaza. Ojo con las consecuencias. Atentamente Los Rojos", dice un texto.
A continuación se reproduce la conversación telefónica entre Mario González, padre de uno de los 43 estudiantes de la escuela para maestros de Ayotzinapa desaparecidos el 26 de septiembre de 2014 en Iguala (estado de Guerrero) y Vidulfo Rosales, abogado de los familiares de los jóvenes. En la imagen aparecen fotos de ambos.
En la conversación, González le comunica al abogado que ha recibido mensajes y una amenaza telefónica de alguien perteneciente a Guerreros Unidos, grupo al que se atribuye la desaparición de los estudiantes, que le exige distribuir entre todos los padres 200.000 pesos (11.280 dólares).
"¿Pero qué le dijeron?", pregunta Rosales, a lo que González responde: "Que le entregara a los padres los 200.000 pesos porque si no me iban a levantar, o sea que nos van a levantar".
Levantar es un eufemismo usado en México para aludir al secuestro de personas que después suelen aparecer muertas.
En seguida, el abogado dice al padre que van a "conseguir eso", y alude a un "evento" donde supuestamente algunos padres recibieron dinero de alguien a quien no identifica.
Abogado lo descarta
Entrevistado telefónicamente por EFE, Rosales explicó que la llamada ocurrió el pasado 3 de marzo, meses después de que se suscitara una disputa entre los padres respecto a unos recursos de apoyo a su movimiento presuntamente aportados por el sindicato del Instituto Nacional de Antropología e Historia.
Dichos recursos, indicó, presuntamente habían sido entregados a los tesoreros del movimiento, pero los padres se quejaron de que nunca los recibieron. "Este conflicto ya se arregló. Ya quedó claro que ese recurso no se entregó, que va a ser entregado próximamente", abundó.
Interrogado sobre quién podría estar detrás de la difusión del vídeo, el letrado replicó: "Para nosotros es el Gobierno; no tenemos pruebas de lo que estoy diciendo, puede ser muy temerario".
Sin embargo, añadió, "hay un hecho que lo confirma, y es que estamos en un contexto de descalificación clara tanto al grupo de expertos (internacionales que asisten en las investigaciones sobre la desaparición de los 43 estudiantes) como a los abogados que estamos acompañando (a los padres)".
"Y ahora sube de tono con este tercer peritaje, que nosotros cuestionamos por su falta de seriedad, su falta de rigor científico, la manera tendenciosa de cómo el Gobierno lo está manejando", anotó.
Con ello, Rosales aludió a un nuevo estudio pericial dado a conocer el 1 de abril según el cual al menos 17 personas fueron incineradas en un basurero en el municipio de Cocula donde la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía) sostiene que fueron quemados los restos de los 43 jóvenes.
