Organizaciones de defensa de los derechos humanos reaccionaron con fuerza luego de que el grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que investigó durante un año la desapariciónde 43 estudiantes en Ayotzinapa cerrara su trabajo acusando al Gobierno mexicano haberlo obstaculizado.
En un minucioso informe publicado ayer el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) reveló no sólo fallas en las pesquisas, sino que alertó sobre la creación de "versión oficial" basada en testimonios de detenidos torturados, acusó que no se siguieron líneas de investigación clave, hubo manipulación de evidencia, protección de oficiales sospechosos y una general falta de colaboración.
"No hay duda que en el suministro de información por las autoridades y entidades gubernamentales se puede generar en términos claros y categóricos una posible obstaculización a la información", señaló la colombiana Ángela Buitrago, miembro del GIEI.
El abogado chileno Francisco Cox, miembro del grupo, cuya labor comenzó en marzo del pasado año en virtud de un acuerdo entre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Gobierno mexicano y los padres de las víctimas, dijo que sus pesquinas fueron objeto de una serie de barreras y que se van "con el peor" sabor de boca.
La presentación se realizó ante centenares de familiares, activistas y medios de comunicación, pero no contó con la presencia de ningún miembro del Gobierno federal.
El abogado chileno Francisco Cox, miembro del grupo, dijo haber terminado su labor "con el peor" sabor de boca. (Foto: EFE)
"Cuando llegamos a México hace un año y un mes se abría un oportunidad" para lograr la verdad, pero "desafortunadamente" hoy estamos "sin responder la pregunta que nos hicimos todas la noches durante ese año y un mes y que se hacen todos los padres y madres", aseveró la experta guatemalteca Claudia Paz, quien señaló que "no hay condiciones" para que sigan trabajando en México, pues la relación se enfrió con el Estado.
"Una cachetada a los familiares"
Amnistía Internacional (AI) reaccionó a la presentación del informe señalando que éste "representa una nueva mancha en el atroz historial de derechos humanos del Gobierno mexicano" y da cuenta de su determinación de esconder la tragedia "debajo de la alfombra",
"Las autoridades mexicanas están enviando el peligroso mensaje que cualquiera puede desaparecer en México sin que se haga nada al respecto", dijo en un comunicado la directora para América de AI, Erika Guevara-Rosas, quien lamentó la negativa a extender el mandato del GIEI y la ausencia del Ejecutivo en la presentación del informe.
La respuesta oficial a este caso "es la trágica ilustración de la actitud que tiene (el presidente) Enrique Peña Nieto frente a los derechos humanos: esconder o ignorar los hechos y esperar que las acusaciones simplemente se esfumen", lo que "es una cachetada en la cara de los familiares que, tras casi dos años, continúan esperando respuestas", aseveró Guevara-Rosas.
En una línea similar el director para las Américas de Human Rights Watch, el chileno José Miguel Vivanco, consideró que el informe del GIEI "ha revelado cómo funciona internamente la impunidad en México de un modo que nunca lo habíamos visto antes".
"El primer informe (presentado en septiembre de 2015) del grupo documentó graves defectos en la investigación del Gobierno, (pero) éste último va mucho más allá y ofrece pruebas de la manipulación de evidencia, obstrucción y aparentemente tortura por parte de las autoridades", dijo, poniendo el foco en la falta cooperación de las autoridades y la campaña "coordinada de desprestigio" que han padecido los expertos, a quienes el Gobierno mexicano "ha abandonado a su suerte".
Responde la Fiscalía
En tanto, la Fiscalía mexicana afirmó haber brindado al Grupo de Expertos Independiente (GIEI) "acceso pleno a la información para el desarrollo de su labor" y negó evidencias de participación de militares en la desaparición de los 43 jóvenes de Iguala.
"El Estado ha brindado en todo momento las facilidades", dijo el subprocurador de Derechos Humanos, Eber Betanzos, asegurando que ésta es la investigación penal "más exhaustiva" en la historia del país.
El representante detalló que la Procuraduría General de la República ha recibido 941 peticiones, de las cuales el 85 por ciento fue cumplido en su totalidad y las restantes están en vías de cumplimiento en un caso por el que hay 123 detenidos y 45 prófugos.
En relación a los señalamientos sobre supuestos actos de tortura a implicados en el caso, dijo que "están siendo investigados", incluidos funcionarios de la PGR denunciados por presuntas víctimas.
El subprocurador indicó además que permitir las entrevistas a los militares del batallón con sede en Iguala, solicitadas en numerosas ocasiones por el GIEI, vulneraban "el debido proceso", ya que éstas solo pueden ser desarrolladas bajo la conducción del Ministerio Público y recordó que en agosto de 2015 los expertos indicaron "que no existe un antecedente que vincule jurídico-penalmente al Ejército mexicano" con los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014.
