Gracias a Genaro García Luna, el cártel controlaba aeropuertos, como el de Ciudad de México, puertos, carreteras, fronteras y ferrocarriles.
La Fiscalía logró acreditar que la exautoridad estaba contratada a sueldo por Sinaloa, monto que fue creciendo a medida que el cártel se fue expandiendo y ganando poder.
El exsecretario de Seguridad Pública mexicano Genaro García Luna fue declarado culpable de tráfico de drogas en el Tribunal Federal del Distrito Este de Nueva York, por lo que podría ser condenado a cadena perpetua.
Tras la deliberación, los doce miembros del jurado lo han considerado culpable de cinco cargos por unanimidad.
García Luna, de 54 años, ha sido declarado culpable de participar en la dirección de una empresa criminal cuya actividad continúa hasta la actualidad; conspiración para la distribución de cinco kilogramos o más de cocaína; conspiración para la distribución y posesión de cinco kilogramos o más de cocaína con la intención de distribuirla en Estados Unidos, y conspiración para la importación de la misma cantidad o más.
El quinto delito era el de prestar falso testimonio a las autoridades estadounidenses cuando solicitó la nacionalidad.
El juez Brian Cogan anunció que dictará sentencia el próximo 27 de junio a las 11 de la mañana.
García Luna trabajó en el cuerpo de inteligencia durante una década, encabezó la Agencia Federal de Investigación (AFI), cuyo objetivo principal era luchar contra el crimen organizado, durante el Gobierno de Vicente Fox (2000-2006), y fue secretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012).
Desde 2012 vive en Florida, desde donde, según mostró la Fiscalía durante el juicio, viaja habitualmente a México.
El exfuncionario fue detenido en diciembre de 2019 en Dallas (Texas, EE.UU.) y estuvo en prisión hasta el arranque del juicio el pasado 17 de enero, cuando comenzó la selección del jurado.
Su defensa, con el abogado César de Castro a la cabeza, intentó sin éxito dibujar la imagen de García Luna como un hombre de familia que había forjado un pequeño capital (dos viviendas y dos restaurantes en México), gracias a su esfuerzo y al de su mujer, que fueron ganando capital gracias a la compraventa de viviendas.
Una impresión que la defensa apuntaló llamando a declarar como único testigo a la esposa, quien describió a una familia casi humilde, muy alejada del obsceno derroche de los narcotraficantes que se sentaron en la tarima de la sala para señalar al expolítico como uno de sus principales socios.
De Castro lo describió como "la cara de la guerra contra el narcotráfico" durante el sexenio del presidente Felipe Calderón (2006-2012), una época que acabaría convirtiéndose en una de las más sangrientas de la historia de México, y en la que García Luna fungía como mano derecha del presidente.
La defensa desplegada por De Castro siguió siempre el mismo mantra: insistir al jurado que la Fiscalía no había aportado las suficientes pruebas físicas como grabaciones, documentos, mensajes de textos o fotografía y que el testimonio de los exnarcotraficantes convocados por la Fiscalía no tenían credibilidad.
Para los abogados, todos eran "criminales que han mentido toda su vida" y que se presentaron o bien para conseguir reducciones de sentencias o bien para vengarse contra el supuesto responsable de sus detenciones.
"Su testimonio es su manera de escapar (...) Para gente que ha participado en todos estos crímenes, ¿cómo va a resultar difícil mentir?", comentó De Castro el pasado jueves durante sus alegatos finales, antes de subrayar que los capos y narcotraficantes "son capaces de hacer todo lo que sea para conseguir sus objetivos".
Sus intervenciones, dijo el abogado, "no se pueden creer, son inconsistentes y desafían el sentido común".
"El Gobierno ha hecho un pacto con el diablo", agregó el letrado, en referencia al currículum criminal de muchos de los testigos que reconocieron en la sala asesinatos, secuestros y torturas.
Pero al final, la Fiscalía convenció a los 12 miembros del jurado de que el hombre más influyente del gabinete de Calderón llevaba una doble vida y de que al menos desde 2001 -según el narco Sergio Villarreal Barragán, alias El Grande, brazo derecho del capo Arturo Beltrán Leyva-, estaba a sueldo del cártel de Sinaloa, que le pagaba 1,5 millones mensuales. Una cantidad que fue creciendo a medida que el cártel se fue expandiendo y ganando poder.
Durante el proceso, El Grande, Jesús "El Rey" Zambada y el también narcotraficante Óscar "El Lobo" Nava Valencia, declararon haber pagado en persona o haber sido testigos directos del pago de sobornos a García Luna.
En su turno, el Gobierno de Estados Unidos -a través del fiscal- contó la evolución paralela del cártel de Sinaloa y de García Luna como una única historia entrelazada en la que la banda criminal progresó y se expandió por gran parte de México gracias al entonces responsable de seguridad, que a cambio logró varios cientos de millones de dólares.
A sueldo del cártel, García Luna entregó información, nombró a responsables afines donde los cárteles se lo pidieron y ayudó a los narcotraficantes tanto a luchar contra bandas rivales, como a garantizar que la droga que recibían de Colombia y otros países latinoamericanos se movía de manera segura dentro de México en dirección a Estados Unidos y también a Europa.
Gracias al exsecretario de seguridad, el cártel de Sinaloa controlaba aeropuertos, como el de Ciudad de México, puertos, carreteras, fronteras y ferrocarriles.
Según la fiscalía, García Luna prosperó durante la "edad dorada" dorada del cártel -entre 2001 y 2006-, años en los que supuestamente las diferentes facciones hacían colectas para pagar su silencio.
Y a partir de entonces, cuando empezaron a surgir tensiones entre la facción de Joaquín "El Chapo" Guzmán e Ismael "El Mayo" Zambada, hermano de El Rey, por un lado, y la del clan de los Hermanos Beltrán Leyva, por el otro, García Luna acabaría tomando partido por El Chapo.
En aquella época, dijo la Fiscalía durante sus alegatos finales, "la Policía Federal está tan integrada en el cártel de Sinaloa que es parte de esa guerra", una guerra que millones de mexicanos pensaron que era entre el Gobierno y el narcotráfico, y no para apuntalar el reinado de los capos de la droga.
