Juan Pío Paiva, su hijo, y un guardia enfrentan penas de hasta 15 años por su responsabilidad en el incendio del hipermercado Ycuá Bolaños que costó 362 vidas en agosto.
La Fiscalía de Paraguay acusó este jueves por "homicidio doloso", delito que se castiga con hasta 15 años de prisión, a los propietarios del supermercado de Asunción que el domingo 1 de agosto pasado fue devastado por un incendio que dejó 362 muertos y al menos 400 heridos.
El fiscal Edgar Sánchez señaló que, al menos, 10 testigos dijeron que Víctor Daniel Paiva, hijo de Juan Pío Paiva, dueño del supermercado, recibió una llamada telefónica de su padre para que ordenara el cierre del local en el momento en que se produjo el incendio.
"Existen testigos que oyeron a Víctor Daniel recibir esa llamada y la frase es: 'Cierren las puertas, nos van a robar'", afirmó Sánchez a periodistas al hacer público el escrito de conclusión de las investigaciones de la Fiscalía sobre la peor tragedia en la historia civil de Paraguay.
Además de los Paiva, la Fiscalía imputó a ocho miembros de la sociedad comercial que administra el local siniestrado de la cadena Ycuá Bolaños.
Las autoridades determinaron que el origen del incendio estuvo en la combustión de grasas y carbonillas en un recodo de la chimenea de una de las parrillas de restaurante que, por falta de mantenimiento, se extendió por todo el interior del supermercado, en ese momento repleto de gente.
El local, de 12.000 metros cuadrados inaugurado en 2001, ardió por completo y sus puertas fueron cerradas tras iniciarse el fuego, lo que contribuyó a que el siniestro se convirtiera en una tragedia de proporciones, según la Fiscalía.
En la lista de imputados figuran cuatro guardias, quienes, según las conclusiones de la Fiscalía, recibieron la orden de cerrar las salidas del edificio para evitar actos de pillaje una vez iniciado el fuego.
La misma acusación contra los Paíva también alcanzó al guardia Daniel Areco.
"Las consecuencias (de la orden dada por los Paiva) hablan por sí solas", aseveró Sánchez, quien advirtió que en la actual etapa de la pesquisa "no es oportuno solicitar penas (de cárcel) todavía", lo que se hará durante el juicio oral y público a que serán sometidos los encausados.
El fiscal indicó que no hay una grabación de la orden de cerrar las puertas impartida por el dueño del supermercado, pero dijo que, además de los testigos, tiene el registro de todas las llamadas telefónicas que el hijo recibió de su padre en el momento de iniciarse el siniestro.
Algunos miembros de la sociedad comercial fueron acusados por "exposición de personas a lugares de trabajos peligrosos", que las leyes paraguayas castigan con hasta cinco años de prisión, y a otros por "omisión de auxilio", con penas de hasta un año de cárcel. (EFE)
