El expresidente Ollanta Humala (2011-2016) y su esposa, Nadine Heredia, afrontarán desde este lunes el inicio del juicio oral en Perú, por el presunto financiamiento irregular de la empresa brasileña Odebrecht y el Gobierno venezolano de Hugo Chávez a sus campañas electorales de 2006 y 2011.
Tras siete años del comienzo de la investigación, Humala y Heredia afrontarán el primer juicio oral contra un expresidente peruano en el marco del escándalo de corrupción Lava Jato, extendido a una docena de países latinoamericanos.
La apertura fue citada por el Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional, aunque fuentes vinculadas al caso señalaron a Efe que se podría postergar, pero aún no se conocen comunicaciones oficiales al respecto.
Así como Humala, en Perú también son investigados los exmandatarios Alejandro Toledo (2001-2006), pendiente de su extradición de Estados Unidos; y Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), en prisión domiciliaria desde hace cuatro años.
Entre las pesquisas la Fiscalía también cercó al expresidente Alan García (2006-2011), quien se suicidó de un disparo en la cabeza en el 2019 cuando iba a ser detenido en su casa en Lima.
En Perú, la constructora Odebrecht reconoció haber sobornado a altos funcionarios entre 2005 y 2014 para adjudicarse grandes obras públicas y financió, presuntamente de manera irregular, las campañas de numerosos ex candidatos a cargos públicos, como la derechista Keiko Fujimori.
CONDENA DE 20 AÑOS PARA HUMALA
En su acusación, el fiscal anticorrupción Germán Juárez solicitó 20 años de cárcel para Humala y 26 años para Heredia, por no declarar las millonarias donaciones con las que financiaron las dos primeras campañas electorales del ex mandatario.
Junto a los dos imputados también están acusadas otras once personas, entre ellas Ilán Heredia y Antonia Alarcón, el hermano y la madre, respectivamente, de la ex primera dama.
Otro de los acusados es el empresario Martín Belaunde Lossio, ex asesor de campaña de Humala en 2006, capturado en 2015 en la selva de Bolivia cuando se había fugado para evitar ser procesado por corrupción y espionaje de adversarios políticos dentro del gobierno de la región de Áncash.
