El organismo elaboró un listado con 138 inmuebles pertenecientes a la fundación presidida por Lucía Hiriart, la viuda de Augusto Pinochet.
Esta arista del caso Riggs fue cerrada en agosto de 2013 por el ministro Manuel Valderrama.
Lucía Hiriart preside desde 1973 y a perpetuidad la fundación CEMA Chile, fundada en 1954.
El Consejo de Defensa del Estado (CDE) solicitó ante la Corte de Apelaciones de Santiago la reapertura del caso Riggs, cerrado en mayo de 2014, con el objetivo de investigar el origen y destino de las propiedades de CEMA Chile, fundación presidida a perpetuidad por Lucía Hiriart, viuda del dictador Augusto Pinochet.
Esta arista fue cerrada en agosto de 2013 por el ministro Manuel Valderrama, quien sostuvo que no se encontraba justificada la perpetración de los delitos que dieron como motivo la apertura del sumario en el año 2005.
La petición del CDE fue ingresada tras la venta de un terreno en Chillán en diciembre de 2014 por una suma superior a los 760 millones de pesos y tras conocerse que la viuda de Pinochet posee un patrimonio de 6.300 millones de pesos relacionado con los inmuebles pertenecientes a la organización.
El monto fue revelado por una investigación periodística de Ciper Chile, que también reveló que los activos de la entidad fundada en 1954 superan con creces las 113 propiedades de las que se tenía registro en 2005.
En la presentación del organismo estatal, publicada por The Clinic Online, se asegura que "en los flujos originados en las ventas de propiedades se detectan diferentes entregas de dinero a familiares directos de Lucía Hiriart, situación que evidentemente escapa a los objetivos de la entidad".
"Además, puede colegirse que dichas entregas pudieron ser incluso por montos mayores en aquella época en que no se tienen los registros contables, quedando claro que la señora Hiriart utilizaba la fundación para sus propios intereses", continúa el escrito.
Investigación del CDE
De acuerdo con el documento publicado por The Clinic Online, el organismo estatal investigó por sus propios medios y descubrió que CEMA Chile no ha vendido propiedades registradas a su nombre, pero encontró que algunas "no fueron inscritas a nombre de la fundación, correspondiendo a tres inmuebles en las comunas de Santiago, Recoleta e Independencia".
"Este consejo ha podido reconstruir un listado de 138 inmuebles de propiedad de CEMA Chile a lo largo de todo el país, los que fueron transferidos a título gratuito, todo ello a partir de una nómina que entregó en su momento el Ministerio de Bienes Nacionales", expuso el CDE en su presentación ante la Corte.
El organismo añadió que "hemos descubierto bienes inmuebles que no aparecen en dicho listado y cuya situación actual no ha sido materia de la investigación, careciéndose de todo antecedente acerca de su venta a terceros y del destino de los fondos adquiridos con ella".
La presentación del CDE deberá ser analizada por una sala del tribunal de alzada y, de ser aprobada, permitirá conocer el destino de los fondos originados por las ventas y evitar posibles ventas posteriores de inmuebles, así como el origen de los terrenos donde hoy funcionan las universidades San Sebastián y Mayor.
El abogado Marcelo Oyharcabal indicó que "acompañó antecedentes de mucha relevancia como por ejemplo antecedentes que daban cuenta de la venta de un inmueble el año 2014 en Chillán por una cuantiosa suma de dinero".
"Sin embargo, el tribunal rechazó con fecha 29 de diciembre del año pasado esa solicitud y por lo tanto el Consejo está apelando y está impugnando esa resolución, porque considera que con los antecedentes que hizo valer lo que correspondía era que la causa se restableciera al estado sumario, que se reabriera la investigación", precisó.
Gobierno valoró decisión
El ministro de Bienes Nacionales, Víctor Osorio, planteó que "a nosotros nos parece que se ha extinguido la fundamentación social que dio justificación a que se procediera a estas transferencias gratuitas durante el régimen militar".
"Nosotros hemos logrado identificar más de un centenar de propiedades. Nos parece que tienen que ser restablecidas a su plena administración por parte del fisco", añadió.
"A nosotros nos parece que el Estado tiene un deber irrenunciable de proteger el interés fiscal que está comprometido en estas operaciones", precisó el ministro.
Paralelamente, el Ministerio de Justicia pidió que Lucía Hiriart reenvíe el estado de cuentas de la fundación, debido a que una primera versión se encontraba incompleta.
La ministra Javiera Blanco sostuvo que "ya habíamos solicitado justamente a la institución la remisión de antecedentes contables y ya durante el mes de diciembre se nos hizo llegar esa información de manera incompleta".
"Hemos solicitado que se termine de adjuntar la información necesaria para nosotros poder emitir un pronunciamiento respecto de lo que nos corresponde como Ministerio de Justicia, que es velar porque justamente todas las personas jurídicas sin fines de lucro estén al día con la información contable, estén realizando acciones que se adecúen a su objeto, que es un carril paralelo al que sigue el Consejo de Defensa del Estado por requerimiento del ministro", dijo.
