Sólo 0,25% de los abusos policiales del estallido social han concluido en condena y muchos hechos "podrían prescribir en octubre o noviembre del próximo año", advirtió la ONG.
"No ha habido una política de reparación integral para las víctimas", dijo su director en Cooperativa.
Al cumplirse cuatro años de las protestas que sacudieron Chile en 2019, en el denominado estallido social, Amnistía Internacional (AI) alertó este miércoles en Cooperativa que solo 27 de los 10.568 casos de abusos policiales en manifestaciones han concluido en condena y que las víctimas siguen sin contar con la reparación adecuada.
En conversación con Lo Que Queda del Día, el director del capítulo chileno de la ONG, Rodrigo Bustos, cifró en 127 los procesos judiciales actualmente formalizados, y advirtió: "El panorama es de mucha impunidad".
Lo que hemos dicho desde Amnistía Internacional -y no solo desde Amnistía Internacional, porque al parecer hay muchos que lo han olvidado o han intentado invisibilizar aquello, pero no solo Amnistía Internacional, también Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Human Rights Watch visitaron Chile durante ese periodo- y, por lo menos, la conclusión de Amnistía Internacional fue que existieron graves y generalizadas violaciones a los derechos humanos por parte de los agentes del Estado: de Carabineros, pero no solo (Carabineros); también de otras instituciones armadas. Y la verdad es que el balance después de cuatro años es bien desolador, porque en materia de justicia, de las 10.568 denuncias que se realizaron, más del 80% de los casos se han cerrado y solo tenemos 27 condenas, siendo que hubo cientos de casos de lesión oculares, hubo casos de golpizas, hubo al menos siete homicidios, denuncias de violencia sexual; por lo tanto, y también no ha habido una política de reparación integral para las víctimas, más allá de algunas medidas que se han adoptado.
Cuando los Estados violan los derechos humanos una de las cosas que tienen que hacer son garantías de no repetición. ¿Qué significa eso? Medidas conducentes a que los hechos no vuelvan a repetirse. En este caso, tanto AI como otros organismos internacionales planteamos que tenía que hacerse una reforma profunda, estructural, a Carabineros de Chile. Y después de cuatro años, sin perjuicio de que hay algunos proyectos de ley relevantes en relación a las policías en el Congreso, estamos muy lejos de lo que se había planteado que iba a ser una reforma profunda y estructural a esta policía.
Sí, son 8.508 causas que representan a 10.568 víctimas, porque en algunas causas están involucradas más de una víctima. Hasta el momento, la verdad es que, como les decía anteriormente, el escenario es, en términos generales, de mucha impunidad. Básicamente se han cerrado casi 7.000 de las causas. Hay en este momento 127 causas con formalización vigente y solamente 27 condenas, o sea, un 0,25% de la víctimas ha tenido alguna condena respecto de la denuncia de violación a los derechos humanos que en algún momento presentó. Eso es realmente muy complejo desde la perspectiva de un Estado de derecho que busca que sus policías cumplan con los derechos humanos.
¿Por qué ha ocurrido esto? Bueno, son varias las razones: la verdad es que fueron muchas las causas de derechos humanos que se abrieron; no se fortaleció al órgano persecutor, al Ministerio Público; tampoco las instituciones como Carabineros colaboraron con las investigaciones y hubo muchos casos donde no se practicaron diligencias o no se citó a las víctimas. También, en muchos de los casos donde se utilizó la escopeta antidisturbios, la verdad es que era difícil poder determinar qué agente de Carabineros había generado las lesiones a los manifestantes. Entonces, finalmente, a cuatro años del inicio del estallido social, el panorama es de impunidad y tampoco aún se ha avanzado en la formalización de algún alto mando de Carabineros, no obstante no hayan adoptado las medidas para terminar con los abusos que estaban ocurriendo.
Lo primero es decirte que, justamente, nosotros hemos publicado un informe en el día de ayer, donde planteamos varias recomendaciones al Estado de Chile. Una de ellas es avanzar hacia una desmilitarización de la organización. ¿Por qué? La verdad es que desde la institución de Carabineros muchas veces se ha planteado que la militarización garantizaría la prescindencia política de las máximas autoridades, cosa que no ha ocurrido, porque varias veces los generales directores han hecho interpelación a los poderes políticos; que ayudaría también a poner atajo a la corrupción, cosa que sabemos que tampoco ha ocurrido, tenemos un megafraude de 30.000 millones de pesos; o también que, en definitiva, que los altos mandos asuman la responsabilidad por los efectos dañinos de las operaciones policiales, cosa que tampoco ha ocurrido en Chile y basta ver las declaraciones del actual general director o del anterior general director, Mario Rosas. Entonces, esa es una de las cuestiones que hemos planteado y también hemos señalado que es relevante que se avance en mecanismos de control civil de la policía y en un robustecimiento de la regulación del uso de la fuerza.
Podría ser relevante. Creemos que es un proyecto de ley muy importante. En definitiva, de lo que se trata es básicamente fortalecer la rendición de cuentas internas y externas; mejorar los procesos, la calidad del servicio policial. En definitiva, yo creo que todas las personas queremos una policía que pueda permitir que se cumpla la ley, proteger a las personas y, por supuesto, que todo ello se haga con pleno respeto a los derechos humanos. Entonces, ese proyecto de ley va, sin lugar a dudas, en la dirección correcta, pero creemos que aún debiera tener ciertas modificaciones en el Congreso, porque básicamente se habla de cierta coordinación sectorial e intersectorial que tendría este ministerio respecto a las policías y creemos que, en cambio, es muy importante que haya una conducción o dirección de esas organizaciones policiales. Como en la mayoría de los Estados, el Ministerio de Seguridad Pública debiera tener pleno control de lo que hacen las policías; por supuesto, no estar involucrado en cada uno de los operativos que se realizan en el país, pero sí estar en lo grueso, y hemos escuchado muchas veces las palabras de los ministros del interior de los últimos 30 años que han dicho muchas veces que las policías en Chile se mandan solas. Bueno, eso no debiera seguir ocurriendo y debiéramos tener un poder civil que tenga bajo control a las policías y se asegure que la policía cumpla con su misión, que es tremendamente importante para todas las personas.
Sí, por cierto, hay una preocupación, porque la mayoría de los delitos en Chile y muchos de los delitos que se están investigando en relación a los derechos humanos cometidos durante el estallido social prescriben en el plazo de cinco años. Por lo tanto, podrían prescribir muchos de ellos en octubre o noviembre del próximo año. Eso hace que la justicia, las causas que quedan abiertas, debiera avanzar eventualmente hacia una formalización; apurar el tranco en las investigaciones, en las diligencias que aún no se han realizado, porque esta lentitud en la justicia podría implicar, en definitiva, si estas investigaciones finalmente llegan al plazo de prescripción; a aún más impunidad de la que tenemos hoy en día. Por eso hemos hecho un llamado a la Fiscalía a agilizar estas investigaciones, a darles prioridad, porque es importante que haya justicia respecto a la violación a los derechos humanos que ocurrieron hace cuatro años y que fueron la mayor crisis de derechos humanos que se ha producido desde el regreso a la democracia.
