Una treintena de oficiales condenados por crímenes de lesa humanidad de la dictadura asumieron públicamente su responsabilidad de mando y pidieron a las autoridades judiciales y políticas que tengan "conmiseración" hacia sus subalternos presos por violaciones a los derechos humanos.
A través de una carta leída, a modo de vocería, por el diputado Gonzalo de la Carrera en el Hall de la Cámara Baja, 27 exmilitares plantearon que suboficiales, soldados conscriptos y empleados civiles sólo cumplieron órdenes de superiores, quienes -deploraron los firmantes de la misiva- siguen guardando silencio.
"Reconocemos que, en el cumplimiento de nuestros deberes y en la forma como lo entendíamos en esa época, muchas de nuestras acciones produjeron violaciones a los derechos humanos, con graves consecuencias. A no dudar, ello fue reflejo de una formación que daba más importancia a la obediencia que al respeto por el que se consideraba adversario, lo que se cita como dato para su comprensión y no como justificación", apuntaron.
En ese sentido, "hemos esperado 33 años para que nuestros superiores asuman la responsabilidad de sus órdenes, las que hoy tienen tras las rejas a nuestros fieles subalternos", reprocharon.
"No correspondiéndonos", manifestaron, "a partir de ello venimos hoy en asumir la responsabilidad de sus actos, como consecuencia del pávido silencio de aquellos que, investidos de sus grados y cargos, no han tenido la grandeza de hacerse cargo de las órdenes que impartieron a sus subordinados".
"Por lo mismo, en este acto solicitamos para los suboficiales, clases, soldados y empleados civiles, la conmiseración del poder político y judicial, mediante las medidas necesarias, jurídicas o administrativas, para que puedan volver a estar junto a sus seres queridos", exhortaron.
"PROVOCACIÓN" Y SIN GARANTÍA DE COLABORARACIÓN, FUSTIGA LA IZQUIERDA
Desde el oficialismo, diputado Jaime Araya, jefe de la bancada PPD, tachó la carta como "una verdadera provocación a la memoria de tantas familias que sufrieron, me parece que es faltarle el respeto al Estado de derecho; esto (las condenas) no es la venganza de nadie, es lo que decidió el Poder Judicial de nuestro país se cumpla a cabalidad".
"Además, me parece una provocación que sea leída en este Congreso Nacional", enfatizó.
A su turno, el diputado socialista Leonardo Soto hizo ver que "en la carta no hay ninguna línea que diga que ellos van a colaborar para esclarecer el paradero de los detenidos desaparecidos, y en esas condiciones evidentemente no pueden, como quieren, tener beneficios procesales".
Su correligionario Jaime Naranjo aseveró que tras la misiva "viene una segunda etapa: si es que quieren hacer una acción sincera, que digan dónde están las personas que hasta la fecha no se ha podido dar con el paradero de ellos".
En tanto, "la posición oficial de la bancada de la Democracia Cristiana en estos temas en que los delitos, insisto, de lesa humanidad sólo cabe la justicia", dijo el diputado Eric Aedo.
LA DERECHA, CON MATICES
En la derecha, el diputado Jorge Alessandri (UDI) sostuvo que "no es una competencia que el Poder Legislativo tenga (establecer posibles beneficios para condenados por crímenes de lesa humanidad que entreguen información sobre el paradero de los desaparecidos). Existe en el Ejército una línea de mando efectivamente y esos oficiales en retiro que la suscriben están solicitando algo, pero debieran solicitarlo al Poder Ejecutivo o vía presentación de una ley".
El también diputado UDI Juan Antonio Coloma Álamos (UDI) apuntó que "cualquier persona tiene siempre el legítimo derecho a pedir beneficios penitenciarios, pero tienen que ser los Tribunales de Justicia los que lo resuelvan".
Por ello, "intentar llevar esto al Parlamento, cuando son los tribunales los que tienen que resolver, me parece que no es lo que legalmente al menos corresponde".
Por su parte, Ximena Ossandón (Renovación Nacional) dijo esperar que "ojalá se tome a bien, la ciudadanía también, porque tenemos que empezar a usar esta palabra de misericordia".
Johaness Kaiser, de Republicanos, dijo que le parece "también de Justicia que en un país que ha permitido o ha entregado, ha sido muy generoso en el indulto a aquellos que estuvieron del lado del violentismo político, del terrorismo, que se haga también un gesto hacia aquellos que no teniendo mando estuvieron involucrados en la represión".
"DESFACHATEZ DE UNA TROPA DE CRIMINALES", DEPLORA HERTZ
La vicepresidenta de la Cámara, Carmen Hertz (Partido Comunista) consideró "una desfachatez que una tropa de criminales de lesa humanidad, como lo son todos los firmantes, sin ninguna excepción quienes se encuentran condenados y cumpliendo penas efectivas en Punta Peuco, pretendan conmiseración del poder político y quieran acceder a beneficios, que esta reglado cuando pueden o no obtenerlos, porque eso está regulado".
"Lo que me llama la atención es que insistan en que ellos obedecieron órdenes y que son los mandos superiores los responsables. Hacer desaparecer personas, asesinar a opositores políticos y torturarlos no ha sido nunca cubierto por la obediencia debida", agregó la también abogada, cuyo marido fue ejecutado por la "Caravana de la Muerte", un pelotón represor dirigido por uno de los principales oficiales golpistas que ejecutó a decenas de personas por todo el país en los días posteriores a la asonada.
La carta refirió a la dictaura como "gobierno militar" y no dedicó palabras para las víctimas y sus familias. Está firmada, entre otros, por Carlos Herrera Jiménez y Hernán Alejandro Ramírez Hald, condeandos por el crimen del líder sindical Tucapel Jiménez; José Zara Holger, por el asesinato del general Carlos Prats; y Arturo Silva Valdés, por la muerte del químico de la DINA Eugenio Berríos.
