La voluntad es revocar el pago, dijo el subsecretario Rodrigo Ubilla.
Se enviarán a Contraloría antecedentes de 4.500 casos considerados irregulares por La Moneda.
La ministra Evelyn Matthei informó que el IPS revisará 700 casos.
Desde el Palacio de La Moneda el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, y la ministra del Trabajo, Evelyn Matthei, anunciaron nuevas medidas administrativas y judiciales que emprenderá el Gobierno en pos de suspender los pagos de pensiones a las personas identificadas como "falsos exonerados" políticos.
Ubilla indicó que en primer lugar se ampliará la denuncia presentada hace un año ante el Ministerio Público contra todos los que resulten responsables por los pagos indebidos, desde ministros y subsecretarios del Interior de los gobiernos de Ricardo Lagos y Michelle Bachelet hasta los mismos falsos exonerados.
"Vamos a consultar a la Contraloría General de la República qué hacer con los 3.000 falsos exonerados que la Contraloría acreditó en su documento de hace una semana", anunció además.
"La voluntad del Gobierno es revocar estas exoneraciones", indicó Ubilla. En esta línea, "queremos que la Contraloría nos ilustre en la forma que tenemos que proceder para que, apegados a la norma, podamos hacer justicia con aquellos verdaderos exonerados respecto a estos 3.000 que no son exonerados políticos".
"Además le vamos a enviar a la Contraloría toda la información detallada caso por caso, nombre, RUT, carpeta de 4.500 (beneficiados) que nosotros identificamos como falsos exonerados", señaló el subsecretario, que aseguró que en esto el Gobierno está actuando "de manera responsable".
Pueden revertir sólo 700 casos
La ministra Matthei dijo, en tanto, que el Instituto de Previsión Social presentará una querella por fraude al Fisco por las pensiones pagadas a quienes no cumplían con los requisitos, e iniciará un estudio para suspender el pago de pensiones irregulares.
"Se ha iniciado el proceso para materializar la suspensión de beneficios a todas aquellas personas que lo han obtenido de forma irregular y que están dentro del plazo respecto del cual el IPS tiene competencia para actuar administrativamente; es decir, los últimos dos años. Estos casos podrían llegar a 700", señaló Matthei.
La secretaria de Estado añadió que "dentro de esas 5.917 personas, hay aproximadamente 700 que recibieron el beneficio dentro de los dos años a contar de hoy día hacia atrás. A esos son los que les podemos revertir los beneficios de forma administrativa, siguiendo una serie de procedimientos".
"Son personas que tienen la calificación de exonerados, pero han obtenido a juicio de la Contraloría General de la República, beneficios previsionales en forma irregular", precisó la ex parlamentaria.
La voz de los expertos
El profesor de Derecho Administrativo de la Universidad Diego Portales, Alejandro Cárcamo Righetti, sostuvo que el cese del pago "tiene que ser necesariamente dejado sin efecto en sede judicial, respecto de aquellos casos en que no sea posible ejercer la potestad invalidatoria en sede administrativa -dos años contados desde la publicación o notificación del acto-, pero es un tema complejo, toda vez que la acción aplicable podría ser la de nulidad de derecho público, pero hay también profesores que han postulado que la Administración del Estado no podría accionar de nulidad de derecho público, sino que quien tiene la legitimación activa, son siempre los particulares frente a actos administrativos ilegales, siendo opinable si la tiene o no la misma Administración".
El profesional agregó que "la gran mayoría de los autores estima que es una acción prescriptible y, en ese sentido, se aplicaría el plazo de cinco años previsto en el Código Civil -lo que generaría un problema frente a los actos administrativos anteriores al año 2008-. También la jurisprudencia de la Corte Suprema, durante el transcurso de las dos últimas décadas, ha sido bastante dubitativa en orden a si es una acción prescriptible o imprescriptible la acción de nulidad de derecho público".
