El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) presentó este lunes su informe anual 2023, escrito que por primera vez abordará las "violencias" que afectan a la zona centro sur del país.
Se trata de un documento de 437 páginas que cuenta con seis capítulos y que fue dado a conocer durante esta mañana en el parque por la paz Villa Grimaldi, con la participación de representantes de los tres poderes del Estado.
En detalle, en el informe de este año se destacó su capítulo dos, denominado "violencias y vulneraciones de derechos humanos en las regiones centro-sur de Chile", un tema que ya fue abordado de manera previa en otro documento trabajado y aprobado por el Consejo del INDH el mes pasado.
En esta parte del estudio anual, el INDH abordó no tan solo las afectaciones interpersonales por la violencia, sino que también al derecho a la libertad de circulación y residencia, derecho de propiedad, a la libertad religiosa y derecho a la educación, ámbitos en los que -se advierte- también hay afectaciones entre los residentes de la macrozona del Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos.
A esto se suma una discusión sobre los alcances del derecho a la seguridad personal, identificando obligaciones y omisiones del Estado cuando se trata de violencias provocadas por particulares. Según consignó El Mercurio, también se alertó de limitaciones de la información disponible en programas e instituciones responsables de la seguridad.
Para complementar el análisis, el Instituto analizó las medidas adoptadas por el Estado para promover la seguridad en las comunidades de la zona, revisando datos de la Fiscalía Nacional, registros policiales y entrevistas a actores clave.
La directora del INDH, Consuelo Contreras, sostuvo que, aunque "el Estado está haciendo algunos esfuerzos, creo que son insuficientes", y que "hay que trabajar más con las comunidades, de manera tal de ampliar el concepto de seguridad hacia todas las personas que viven en las regiones del centro-sur".
"Nosotros hemos detectado que hay carencias todavía en esa materia. Se ha avanzado en la materia, pero todavía faltan no sólo las acciones de carácter represivo, sino acciones de carácter social", puntualizó.
La diputada Lorena Fries (Convergencia Social), otrora directora del INDH, comentó que "el Estado le estaba fallando a quienes residían en la Macrozona Sur, por lo tanto, que hoy día se retome y se ponga desde esa perspectiva habla de la visión de derechos humanos, que no es una visión ideologizada en términos de izquierda-derecha, sino que centrada en las personas, donde todos y todas tenemos el mismo derecho".
"Debemos como Estado buscar asegurar tanto la seguridad individual, como un derecho que el Estado debe garantizar, y por otro lado, la seguridad de las comunidades", apuntó la diputada Alejandra Placencia (PC).
50 AÑOS DEL GOLPE Y CUMPLIMIENTO DEL ESTADO
Otro de los capítulos de este informe se denomina "50 años del Golpe de Estado en Chile. Avances y deudas en el cumplimento de las obligaciones internacionales en materia de justicia transnacional".
Siguiendo la misma línea de documentos pasados, el INDH abordó el cumplimiento de las obligaciones del Estado frente a las violaciones graves, masivas, sistemáticas e institucionalizadas a los derechos humanos cometidas por la dictadura. Se destacó que en esta revisión un 73 por ciento de estas recomendaciones fueron cumplidas parcialmente o están pendientes a ser cumplidas por el Estado.
Contreras apuntó en ese marco que sólo el 21% de las víctimas de desaparición forzada han sido encontradas. Además, "apenas el 10,3% de las causas judiciales por violación a los DD. HH. del período 73-90 ha llegado a sentencias definitivas".
El INDH valoró el Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia, impulsado por el Gobierno de Gabriel Boric como política pública del Estado y que está oficialmente en marcga desde noviembre.
En la presentación del informe, el Mandatario reforzó que "desde el Gobierno nos pusimos como objetivo trasladar la responsabilidad que ha recaído durante casi 50 años en los familiares de las víctimas de ejecución político o desaparición forzada, sobre conocer la verdad: ésta es una tarea del Estado, no puede ser un trabajo que dependa de la voluntad de quienes sufrieron las vulneraciones".
DISCRMINIACIÓN, FUNCIÓN POLICIAL, DESASTRES Y ADOPCIÓN ILEGAL
El tercer capítulo es "principio de no discriminación y derechos sociales", en el que se indicó que si bien la normativa chilena avanza en garantizar los derechos de las personas más vulnerables, aún está entredicho su efectividad.
A esto se sumó el capítulo de "informe de función policial y orden público", parte del documento en el que se alerta -entre otros puntos- la poca efectividad de los controles de identidad preventivos, que tampoco se han logrado enmarcar en la legislación y los estándares internacionales.
El quinto capítulo del informe es denominado "gestión de desastres en Chile desde la perspectiva de los DD.HH.". El trabajo del INDH logró detectar nudos críticos en el diseño e implementación de la ley que creó el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, así como también problemas en el restablecimiento de los medios de vida para la subsistencia de las personas afectadas por un desastre.
Mientras que el último capítulo del informe es el "derecho a la identidad y a la convivencia familiar frente a secuestros y adopciones irregulares de niños y niñas en Chile".
Se advierte en esta parte del documento que existe una cifra incierta de miles de menores de edad que fueron dados en adopción ilegal en Chile y el extranjero en el marco de una serie de ilícitos.
