Tras esta sentencia, el ex director de la DINA suma 426 años de prisión.
Julio César Fernández y Nelsa Gadea Galán fueron vistos por última vez en el campo de prisioneros de Tejas Verdes.
Una nueva condena contra Manuel Contreras emitió este viernes la Corte de Apelaciones de Santiago.
La Corte de Apelaciones de Santiago condenó a penas de prisión a 11 ex agentes de la dictadura, por el secuestro calificado de los ciudadanos uruguayos Julio César Fernández y Nelsa Gadea Galán, quienes fueron detenidos tras el golpe de Estado de 1973 y fueron vistos por última vez en el campo de prisioneros de Tejas Verdes.
En un fallo unánime, la Duodécima Sala del tribunal de alzada ratificó lo resuelto en primera instancia por el juez especial Joaquín Billard, aunque aumentó algunas penas y condenó a otros imputados a los que el juez había absuelto.
En este sentido, la Corte mantuvo la condena de 10 años y un día de presidio al general retirado Manuel Contreras, ex jefe de la DINA, y que con esta sentencia acumula penas por 426 años de prisión tras ser condenado en decenas de juicios por violaciones a los derechos humanos.
Además, el tribunal de alzada aumentó de seis a 10 años y un día de presidio las condenas a Vittorio Orvietto Tiplitky, Raúl Quintana Salazar, Valentín Escobedo Azúa y Nelson Valdés Cornejo, aunque este último, un ex prefecto de la Policía de Investigaciones no cumplirá la pena en la cárcel por haberse acreditado su enajenación mental.
El tribunal también condenó a 10 años y un día de prisión a Jorge Núñez Magallanes, Klaudio Kosiel Horning, Ricardo Soto Jerez, Gladys Calderón Carreño, Ramón Carriel Espinoza y Rodolfo Vargas Contreras, que habían sido absueltos en primera instancia.
Julio César Fernández, un artesano uruguayo de 24 años, casado, que en su país habría pertenecido al movimiento guerrillero Tupamaros, vivía en Chile desde 1972 y fue detenido en su domicilio el 11 de octubre de 1973 por militares que lo trasladaron a Tejas Verdes.
Nelsa Gadea Galán, de 29 años, casada, era secretaria ejecutiva de la Corporación de la Vivienda y fue detenida por militares el 18 de diciembre de 1973. Las autoridades del régimen aseguraron que escapó tras ser arrestada, señalando que se trataba de una integrante de los Tupamaros.
