Los diputados Guido Girardi y Enrique Accorsi anunciaron que buscarán terminar con las prerrogativas de personajes como Manuel Contreras, cuyo guardaespalda protagonizó incidentes en el Palacio de Tribunales.
Guido Girardi y Enrique Acorssi, ambos diputados del Partido por la Democracia (PPD), ingresarán al Congreso un proyecto de ley que modifica la ley orgánica de Gendarmería, para suprimir los beneficios que tienen los militares, en retiro y activos, que son sometidos a proceso. Los parlamentarios desean acabar, entre otras cosas, con la custodia oficial que tienen los encausados, como el general en retiro Manuel Contreras.
Los diputados anunciaron que, además, iniciarán acciones administrativas para que estos encausados no tengan derecho a ser interrogados en sus propios domicilios o a cumplir su reclusión en recintos castrenses.
"Esto se presta, además, para situaciones irregulares. Cuando a (Alvaro) Corbalán se le encontró en una feria, era justamente porque su guardia era un suboficial, o un miembro del Ejército, quien permitió que Corbalán, uno de los peores asesinos y torturadores (...), pudiera andar libremente por las calles, dado que evidentemente hay una relación incestuosa entre quien cuida, si es militar, y un oficial, aún cuando este esté procesado", argumentó Girardi.
En tanto, Antonio Leal, también legislador del PPD, informó que envió un oficio a la ministra de Defensa, Michelle Bachelet, para que ordene al Ejército suprimir la custodia que posee Contreras.
"Es negativo para la imagen de las Fuerzas Armadas que estos procesados vayan a tribunales en autos del Ejército y utilicen la infraestructura militar", argumentó.
El PPD reaccionó así luego del incidente que el pasado lunes protagonizó el suboficial de Ejército Jordi Navarro, escolta de Manuel Contreras, quien golpeó a periodistas que intentaban recoger impresiones del ex director de la desaparecida Dirección Nacional de Inteligencia (DINA).
Sin embargo, el senador democratacristiano Jorge Pizarro consideró que no se puede cuestionar el dispositivo de seguridad de Contreras, ya que este responde a la evaluación de las autoridades competentes, porque es un "deber" de un Estado democrático resguardar la integridad de "hasta el peor de los delincuentes o asesinos".
