El 10% de las 418 personas que reciben pensiones de gracia por haber sufrido lesiones durante el estallido social, iniciado en octubre del 2019, tiene antecedentes penales, confirmó la Subsecretaría del Interior, cartera encargada de tramitar las solicitudes que también son analizadas por una comisión asesora presidencial.
El subsecretario Manuel Monsalve expuso la última jornada en la comisión investigadora sobre el procedimiento y criterios para otorgar el beneficio pecuniario, de la Cámara de Diputadas y Diputados.
En la instancia, detalló que el año pasado su repartición recibió 431 solicitudes, de las que fueron aprobadas 418: 148 entre enero y marzo, aún durante el mandato de Sebastián Piñera, y 270 desde junio a diciembre, ya en el Gobierno de Gabriel Boric.
El monto de la pensión de gracia se mide en ingresos mínimos no remuneracionales (IMM), que desde el 1 de septiembre alcanzó los 296.511 pesos, y se divide en tres niveles, de acuerdo con la afectación de la víctima, acreditada por el Instituto Nacional de Derechos Humanos.
Reciben 1,0 IMM las "personas con lesiones leves, que hayan sufrido agresiones físicas (agresiones que atenten contra el cuerpo de una persona a través de golpes, lanzamiento de objetos, encierro, sacudidas, que pueden causar daño físico)": actualmente son 39.
Quienes sufrieron "lesiones graves (extremidades superiores e inferiores, tronco, rostro, pérdida de piezas dentales, problema mandibular), agresión sexual (desnudamiento) y personas con afectación psicológica (crisis de angustia, ideación suicida, inseguridad, etcétera)", que son 221 personas, perciben 1,5 IMM, que hoy ascienden a 444.766 pesos mensuales.
En tanto, a las víctimas con "lesiones gravísimas (trauma ocular irreversible, violación sexual, lesiones gravísimas no oculares, fractura de cráneo, traumatismo encéfalo craneano)", que son 158, el Estado entrega pensiones mensuales de 2,0 IMM, equivalentes a actuales 593.022 pesos.
Según La Tercera, al ser consultado por los diputados de la comisión, Monsalve precisó que uno de cada 10 beneficiados registra prontuario policial, información que, sin embargo, no es requerida en el procedimiento, normado en base a la ley 18.056.
"No estaba dentro de los requisitos, tanto así, que hay cerca de 40 personas que recibieron pensiones de gracia que tienen antecedentes penales", puntualizó.
De hecho, el subsecretario explicó, "ninguno de los dos presidentes tuvo a la vista antecedentes, porque podrían haber decidido hacerlo o no hacerlo (el otorgamiento)": 17 casos fueron visados en la Administración Piñera y 23 en la de Boric.
"En ningún otorgamiento de pensiones de gracia -ni en este ni en otros que se entregan por otros motivos- se solicitan los antecedentes penales de las personas, por tanto, me parece un espacio de mejora, por supuesto, en términos de cuidar también la figura del Presidente de la República con el objeto de que cuando tome la decisión tenga la mayor cantidad de antecedentes posibles", comentó.
PRÓFUGO POR ESTAFA RECIBE EL MÁXIMO MONTO
De acuerdo con el portal Ex-Ante, entre quienes reciben la pensión de gracia se encuentra Juan Francisco Villalobos Prado (37 años), quien denunció torturas en los primeros meses del estallido, y que actualmente permanece prófugo de la Justicia, que lo requiere desde julio del 2019 en una causa por presunta estafa, ocurrida en marzo de ese año.
Desde entonces, el Segundo Juzgado de Garantía de Santiago programó sucesivamente audiencias de formalización, pero el sujeto no compareció, por lo que el 23 de junio de 2022, emitió una orden de detención y en agosto del mismo año lo declaró en rebeldía.
También registra una condena por hurto en Puente Alto, en 2008; una causa por desórdenes públicos de noviembre de 2019, que fue cerrada en aplicación del "principio de oportunidad" -por la baja pena posible y que no comprometía gravemente el interés público-; y dos casos por estafa archivados provisionalmente aquel año.
Además, en su prontuario existe una causa por lesiones leves, sobreseída temporalmente en 2015, y otras dos de lesiones menos graves, archivadas en 2014 y 2013.
En el marco del estallido, el INDH ingresó el 21 de agosto de 2020 una querella contra quienes resultaran responsables de tortura con abuso sexual calificado, causa que se mantiene abierta y sin imputados conocidos.
Según su relato, a las 22:30 horas del 7 de noviembre de 2019, tras participar de una manifestación en La Florida, fue detenido por un grupo de tres carabineros "sin identificación visible", quienes presuntamente lo golpearon con lumas y golpes de pie a objeto de reducirlo. Fue trasladado hasta la 36° Comisaría de la comuna, y luego derivado a la Subcomisaría de Carabineros Los Quillayes, "lugar en que lo dejan como único detenido en un calabozo, siendo insultado y agredido con golpes de pie, puño y luma al ingresar".
"Es en esta unidad policial donde, encontrándose detenido, se le ordena por parte de los funcionarios a cargo que se desnude completamente y en esas condiciones lo esposan al tiempo que dos carabineros lo sujetan fuertemente de sus brazos mientras que un tercer funcionario policial introdujo un dedo en su recto, hecho que se repitió cuatro veces mientras se le preguntaba de forma amenazante: 'tení (sic) algo ... tení (sic) droga'. Durante este procedimiento, además le fueron aplicados descargas de corriente eléctrica en sus dedos de las manos con un aparato que a simple vista identifico similar a una linterna", denunció.
En base a esos hechos, la pensión vitalicia le fue aprobada el 7 de septiembre del 2022, con un monto que 2 ingresos mínimos no remuneracionales.
"PÉSIMO", CUESTIONA GOBERNADOR ORREGO
"Me parece pésimo", criticó el gobernador regional metropolitano, Claudio Orrego, consultado esta mañana en El Diario de Cooperativa.
"Así como es pésima la señal que da un juez de Arica, que entrega los nombres de los testigos en contra del Tren de Aragua, a los abogados del Tren de Aragua, me parece pésimo que le demos una pensión de gracia a una persona que está perseguida por la Justicia", comentó.
La autoridad sostuvo que "si alguien sufrió, obviamente, un atentado a sus derechos fundamentales y a su integridad física durante el estallido, pues bien, bienvenido sea", pero -recalcó- "si la persona tiene antecedentes criminales, es decir, si es un delincuente, creo que no se lo merece, punto".
