Chile ostenta el sistema de educación más privatizado y segregado entre los 65 países que utilizan la prueba PISA, ue mide los conocimientos de los estudiantes de países pertenecientes a la OCDE.
Así lo señala informe elaborado por el Foro Chileno por el Derecho a la Educación que se está exponiendo esta semana frente a la ONU y del que entrega detalles este jueves el diario electrónico El Mostrador.
El documento detalla el origen del actual sistema bajo la dictadura y da cuenta de cifras como que el 87 por ciento de las familias chilenas sólo consideran "escuelas frecuentadas por alumnos con características socio económicas similares" para sus hijos, lo que evidencia la segregación del modelo chileno.
Consigna que que la matrícula privada en el sistema escolar llega al 60 por ciento, en contraste con el 18 por ciento promedio de los países OCDE.
Además, en este ítem el 40 por ciento del gasto proviene de las familias, lo que aumenta en la educación superior, donde esta cifra se dispara a un 76 por ciento.
El informe señala a la segregación como una de las principales consecuencias de la privatización del sistema: el 70 por ciento de los estudiantes de escuelas municipales son de escasos recursos y el 75 por ciento de los alumnos de escuelas privadas son de hogares con mayores ingresos.
Reformas no han provocado cambios
Chile tiene "el sistema que es el más segregado por la situación socioeconómica dentro de los 65 países analizados por PISA", destaca, recordando que en la prueba PISA de matemáticas de 2012 los estudiantes de colegios municipales tuvieron un promedio de 390 puntos, frente a los 424 de los subvencionados y 503 de los particulares.
El sistema chileno opera bajo una situación "muy estratificada, donde no sólo los niños con antecedentes similares están juntos en escuelas similares, sino también los mejores alumnos estudian juntos en escuelas similares, usualmente de pago, mientras que los con el desempeño más bajo se separan en las escuelas subvencionadas por el Estado, las más baratas o las gratuitas", describe.
"Las escuelas privadas subvencionadas por el Estado y las escuelas privadas independientes piden más requisitos que las escuelas públicas. Por lo tanto, además de seleccionar naturalmente los alumnos que proceden de entornos privilegiados – familias que pueden pagar por las tasas, que viven en barrios de mayor poder adquisitivo, cuyo capital social les permite tomar decisiones en base a mejores informaciones-, la estructura del sistema y lagunas de la ley permiten a las escuelas privadas seleccionar los mejores niños y/o más favorecidos", señala el informe, que destaca que las reformas presentadas del 2006 a la fecha no han buscado cambiar la privatización del sistema.
"Estos cambios no han modificado la estructura general privatizada del sistema que está causando la segregación y la discriminación (...) Las leyes que se aprobaron después de las protestas de 2006 no tocan los principios en que se basa el sistema educativo del Estado Parte (Chile), y que tienen altos impactos discriminatorios: subvención pública (sistema de bonos), elección de los padres, el pago compartido, selección, etc", señala el informe.
¿Moraleja para otros países?
El secretario ejecutivo del Foro Chileno por el Derecho a la Educación, René Varas, explicó que el informe se estará presentando durante toda esta semana a la ONU, con miras a las recomendación que el organismo internacional deberá hacer a nuestro país en junio próximo.
"Se está presentando este informe ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU. Un informe sobre las terribles consecuencias de la privatización en Chile, sobre las discriminaciones que sufren los estudiantes en Chile, que los distribuye en distintos tipos de escuelas según su ingreso socio económico", explicó Varas, según El Mostrador.
"Ningún Estado llegó tan lejos como Chile en materia de privatización de la educación, y por eso el sistema chileno nos informa sobre el impacto en el largo plazo de la privatización", complementó Lucy Mckernan, del Servicio de Enlace de la ONU con el Global Initiative on Economic, Social and Cultural Rights.
"Si el CDESC (Comité de Derechos Sociales de la ONU) plantea cuestiones sobre el sistema chileno, también enviará un mensaje fuerte a otros países, en un momento en que muchos Estados están privatizando su sistema educativo y eludiendo así sus responsabilidades", indicó Mckernan.
